La gestión del presidente de Perú, Pedro Castillo, reporta más conflictos mineros activos durante sus primeros nueve meses de mandato que los últimos seis gobiernos para ese mismo periodo. En total, se calcula que los paros y bloqueos mineros le cuestan al país unos 1.160 millones de dólares, según estimaciones de El Comercio.
Así se desprende de los informes sobre conflictos sociales emitidos por la Defensoría del Pueblo, el último de los cuales fija en 65 los conflictos mineros activos hasta finales de abril, lo que representan el 63,7 % de todos los conflictos abiertos en el país.
Las nueve minas actualmente paralizadas han dejado de pagar alrededor de 348 millones de dólares en impuestos y regalías. De los conflictos recabados, 10 corresponden a minería informal e ilegal, estando activos cuatro de ellos, a los que se unen cinco latentes y uno en fase de alerta temprana. Además, hasta abril solo el 2 % de los mineros informales había completado su registro de formalización.
Lo cierto es que la mayoría de los conflictos actuales son heredados de administraciones anteriores. Hasta la fecha, de las nueve minas que se han visto afectadas por bloqueos y paralizaciones, seis suspendieron actividades entre agosto de 2021 y mayo de 2022: Buenaventura, Antamina, Apumayo, Nexa, Las Bambas, Cuajone. Las dos últimas continúan suspendidas.
Los conflictos mineros también han hecho que Perú deje de exportar 470 millones de dólares y que al menos a 303.000 empleos directos e indirectos se hayan visto afectados, según reporta El Comercio.