Este lunes se reanuda el juicio oral contra la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, y dos exjefes militares por el caso conocido como 'golpe de Estado II', con una nueva apelación de la defensa de la exsenadora y después de que fuese aplazado en varias ocasiones.
En este caso, la exmandataria está acusada de "incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución" al haber asumido la presidencia el 12 de noviembre de 2019 sin cumplir los requisitos institucionales necesarios, apenas un par de días después de que el expresidente Evo Morales fuera obligado a dimitir.
La audiencia, prevista para las 2:00 de la tarde (hora local), será realizada por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz. Esta decisión se tomó luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazara la "solicitud de complementación, explicación y enmienda" hecha por la defensa de la expresidenta de facto el pasado 30 mayo, que buscaba postergar el juicio que se llevará a cabo este lunes.
Sin embargo, la defensa ha anunciado que introducirá un nuevo recurso de apelación para postergar una vez más la audiencia. En esta oportunidad presentará una "queja constitucional" ante el TCP, que ya había desestimado una "acción de inconstitucionalidad" presentada el pasado 29 de abril por los abogados de Áñez.
La defensa de la exsenadora ha introducido unos 50 recursos legales entre apelaciones, impugnaciones, nulidades, acciones de libertad, de amparo constitucional, entre otros, según el viceministro de Justicia, César Siles.
Audiencia divida en dos
La audiencia de este lunes se dividirá en dos partes. La primera se llevará a cabo desde el penal de San Pedro, donde están detenidos el excomandante del Ejército Pastor Mendieta y el almirante Gustavo Arce; y la otra tendrá lugar en el penal de Miraflores, donde se encuentra Áñez, recoge Página Siete. Ambos procesos serán de manera remota.
En el juicio oral tendrán derecho a palabra Áñez, Mendieta y Arce. Se espera que la parte acusadora y la defensa emitan sus alegatos finales y que los jueces dicten una condena, que podría ser de hasta 12 años de prisión.
Detención y causas judiciales
Áñez, quien gobernó durante una año a partir de noviembre de 2019, fue detenida en marzo de 2021, solo cinco meses después de que Luis Arce, el candidato del MAS, ganara la presidencia en unas elecciones que representaron el regreso de la democracia en Bolivia.
Desde entonces hay dos grandes causas judiciales en su contra. Una es la llamada 'golpe de Estado I', en la que se le imputan los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y que está en curso pero todavía sin llegar a juicio; y 'golpe de Estado II'.
Junto con su participación en el derrocamiento de Morales y su anómala asunción como presidenta, también se investigan otras causas por delitos de lesa humanidad referidas a las masacres de Sacaba y Senkata que llevaron a cabo las fuerzas de Seguridad y militares a su cargo durante los primeros días de su gobierno, y que dejaron un saldo de por lo menos 38 personas asesinadas y cientos más heridas.
Desde que fue detenida en la cárcel de Miraflores, ubicada en La Paz, Áñez se autoproclamó como presa política y exigió en varias ocasiones la prisión domiciliaria al considerar que era víctima de violencia institucional. Sin embargo, las autoridades bolivianas rechazaron sus peticiones.
El caso llega a la Cumbre de las Américas
Para abordar este caso, los organizadores de la Cumbre de las Américas, que comienza este lunes y que se ha visto rodeada por la controversia ante la negativa de EE.UU. de invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, contaran con la presencia de la hija de Áñez, Carolina Ribera, quien sostiene que se han cometido "ilegalidades" en el proceso judicial que se le sigue a su madre.
Esta invitación a la Cumbre de las Américas no causa sorpresa. Varios informes, análisis de expertos y el testimonio del expresidente Evo Morales apuntaron a la presunta participación de Washington en el golpe de Estado que depuso al entonces mandatario, en 2019. Posteriormente, se conoció que en 2020 la exsenadora le habría pedido armamento a la Embajada de EE.UU. en Bolivia para "presumiblemente reprimir al pueblo boliviano" semanas antes de los comicios donde resultó electo Luis Arce, según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.