El próximo lunes, a las 10:00 de la mañana (hora local), el presidente de Perú, Pedro Castillo, deberá comparecer ante la Fiscalía de su país, como parte de la investigación preliminar que se le sigue al exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva y a un grupo de personas por la presunta comisión de los delitos de "organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada".
El anuncio fue hecho en la cuenta de Twitter del Ministerio Público, donde también se informó que este lunes le corresponde a Silva comparecer ante el organismo como parte de la investigación por presuntos actos de corrupción en la licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el Río Huallaga, en la provincia de Mariscal Cáceres.
Esta obra de infraestructura fue convocada por Provías Descentralizado, una unidad ejecutora del MTC, y fue adjudicada al Consorcio Puente Tarata III, integrado por las empresas Tableros y Puentes, de España, H. B. Estructuras Metálicas y Termirex, de China.
El pasado 5 de mayo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, inició una investigación preliminar contra Silva y los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Ilich López Ureña, Juan Mori Celis, Darwin Espinoza Vargas, Elvis Vergara Mendoza y Jorge Flores Ancachi por presuntos delitos de corrupción y organización criminal. Para este proceso se basó en los informes de las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire.
Como parte del mismo caso, se espera que toda esta semana se presenten ante la Fiscalía para ofrecer sus declaraciones testimoniales la exviceministra de Transportes, Fabiola Caballero (martes); el exasesor Alex Starost (miércoles) y los integrantes del comité de selección de la licitación del puente Tarata III, Víctor Valdivia (jueves) y Edgar Vargas (viernes).
Hasta el momento Castillo no se ha pronunciado. El pasado 31 de mayo, cuando fue anunciada la investigación en su contra, el mandatario tildó el proceso de "persecución política irracional".
"Me ratifico en [...] que no le he robado ningún centavo al país y no lo robaré porque no he venido para eso", dijo en esa oportunidad.
El caso del exministro de Transportes
De acuerdo con Sánchez, durante el ejercicio de sus funciones (entre julio de 2021 y febrero de 2022), el exministro habría influido en la adjudicación de siete contratos por 804,5 millones de soles (220,5 millones de dólares) a favor de las tres constructoras.
El fiscal apuntó que el ex alto cargo habría consultado "con el grupo de personas con las que venía viendo estos temas de manera irregular", entre ellos el empresario Zamir Villaverde, los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, además de los seis congresistas de Acción Popular, partido al que pertenece el expresidente interino Manuel Merino.
En los medios de comunicación se ha difundido una transcripción hecha por el despacho de Zecenarro, en la que supuestamente Villaverde, quien fue detenido a finales de marzo, le habría hablado a Silva de un pago a su favor por 100.000 soles (casi 27.000 dólares) por supuestamente adjudicar a la empresa española la construcción del puente Tarata III. Del mismo modo, el empresario le habría prometido al exministro que también recibiría dinero de las dos compañías chinas vinculadas al proyecto, recoge La República.
La defensa del extitular de Transportes y Comunicaciones ha negado estos señalamientos. Silva manifestó en una entrevista reciente, divulgada por La República, que nunca había sostenido alguna reunión con Villaverde y que la responsabilidad de los contratos correspondía a los comités de licitación de Provías Descentralizado y no a él.