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España quiere acabar con el desperdicio de comida: así es la nueva ley que prevé multas de hasta 60.000 euros

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Se establece la donación obligatoria de los alimentos aptos para el consumo que no van a ser vendidos y se obliga a los hosteleros a ofrecer a sus clientes que puedan llevarse la comida que no hayan consumido, entre otras medidas.
España quiere acabar con el desperdicio de comida: así es la nueva ley que prevé multas de hasta 60.000 euros

El Gobierno de España ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, con el fin de reducir estos desperdicios a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción y distribución, pasando por los comercios minoristas y establecimientos de hotelería, hasta el consumidor final.

Tres de cada cuatro hogares españoles reconoce que tira comida a la basura, de media 31 kilogramos de comida al año, un total de 1.364 millones de kilos de alimentos, a lo que hay que sumar los desperdicios en origen y en las empresas del sector, según reconoció el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Con esta ley, que hasta ahora es la tercera en la Unión Europea (UE) que legisla sobre este ámbito, después de las aprobadas en Francia e Italia, se persiguen múltiples objetivos que van desde una mayor eficacia en el sector hasta la lucha contra el cambio climático.

Jerarquías y sensibilización

La nueva norma prevé el establecimiento de una jerarquía de prioridades en las actuaciones para prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Así, se decreta que la prioridad es la alimentación humana, incluida la donación y otros tipos de redistribución; a continuación, la transformación de los productos que no se han vendido pero siguen siendo actos para el consumo; mientras que en tercer lugar se encuentra el uso de los alimentos para alimentación animal y fabricación de piensos.

Los últimos usos que detalla la norma, siempre por detrás de las anteriores opciones, son su utilización como subproducto para otras industrias; la obtención de composto; y, por último, su transformación en biogás y otro tipo de productos energéticos.

Se busca asimismo facilitar la donación de alimentos y contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable, además de fomentar un consumo más sostenible.

Prohibido prohibir donar y bienvenida a los táperes en los restaurantes

La nueva normativa, que se espera que entre en vigor a comienzos de 2023, después de su tramitación parlamentaria, establece obligaciones para todos los agentes de la cadena alimentaria.

No solo se establecen los mecanismos para que las empresas comercializadoras alcancen contratos con entidades como bancos de alimentos y análogas para la donación de alimentos, que pasa a ser una obligación, sino que se prohíbe que ninguna estipulación contractual pueda impedir esa donación.

También se legisla como obligatorio que los productos con la fecha de consumo preferente vencida se presenten en el punto de venta final de manera separada y claramente diferenciados del resto, con bajadas de precio o destinados a la donación.

Las empresas de hostelería y otros proveedores de servicios de alimentación deberán ofrecer a sus clientes que puedan llevarse, sin coste adicional, los alimentos que no hayan consumido, informando de forma clara y visible, preferiblemente en la carta o menú.

Además, las empresas que vendan alimentos al consumidor con una superficie superior a los 400 metros cuadrados deberán tener líneas de venta con productos feos, imperfectos o poco estéticos. Asimismo, deberán promover el consumo de productos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles, así como la venta a granel.

Las sanciones a los agentes que no respeten la normativa y cometan infracciones, clasificadas en leves, graves y muy graves (reiteración de violaciones graves), se enfrentarán a sanciones que contemplan una horquilla de 2.001 a 60.000 euros

La tercera parte de los alimentos mundiales a la basura

A pesar de que hoy en día el mundo produce alimentos en cantidad y calidad suficiente para alimentar a todos sus habitantes, millones de personas en el mundo tienen al hambre como una amenaza real y cotidiana.

Se calcula que entre la postcosecha y la venta minorista se pierde hasta el 14 % de los alimentos producidos en todo el mundo, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 2019. Un desperdicio de recursos que equivale a 936.000 millones de dólares al año (más de 728.000 millones de euros). 

Casi un 30 % de la superficie agrícola del mundo se dedica todos los años a producir alimentos que se pierden, lo que equivale a 1.300 millones de toneladas anuales. Supone, además, un gran coste medioambiental, puesto que alrededor de dos millones de hectáreas se han deforestado para producir unos alimentos que no se consumen.

De manera que España, al igual que otros países, están comenzando a legislar para dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 de la Agenda 2030, cuya meta 3 dispone que para el año 2030 hay que "reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante correspondiente a los niveles de venta al por menor y el consumidor y reducir la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro".

Los hogares españoles tiran casi un kilo y medio de comida a la semana a la basura

En el conjunto de la Unión Europea se calcula que un 40 % del desperdicio se concentra en el consumidor final, mismo porcentaje que se pierde en la transformación y fabricación. Mientras que la restauración aporta otro 15 % y la distribución el 5 % restante.

En el caso de España, con los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2019 se desperdiciaron casi un 1.400 millones de kilos de comida, lo que supuso un incremento del 1 % con respecto al año anterior, si bien en 2020, con la explosión de la pandemia de coronavirus, la cantidad desperdiciada comenzó a descender progresivamente.

En 2020, en el país 25 millones de kilos a la semana acabaron en la basura, lo que corresponde a alrededor de 1,4 kilos por hogar. Según los estudios del Ministerio, más del 80 % se trata de productos sin utilizar, que se han deteriorado o alcanzado su fecha de caducidad. La mayoría son frutas, hortalizas y lácteos, que en conjunto suman más del 50 %.

Además, estos deshechos alimentarios son responsables de la cuarta parte de las emisiones totales del sistema agroalimentario español, que viene a ser prácticamente una tonelada de CO2 por persona al año.

Sin embargo, se comprueba que en España la concienciación de las empresas en este sentido ha aumentado. Así, el 71 % de las compañías tiene un plan para luchar contra el desperdicio alimenticio, un 61,1 % promueve prácticas internas y un 51,39 % realiza acciones con proveedores o clientes en este sentido.

Además, el impacto negativo en la economía de la crisis del covid-19 se ha notado en que más del 20 % de las empresas ha aumentado la donación de alimentos. En total, 9 de cada 10 empresas donan alimentos a ONGs.

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