La Justicia española llama a declarar al CEO de la firma israelí Pegasus por el escándalo de espionaje a políticos
Este martes, la Audiencia Nacional de España ha citado a declarar al director de la compañía israelí NSO Group, Shalev Hulio, para que comparezca como testigo en un proceso abierto sobre el espionaje a políticos españoles con el programa Pegasus, desarrollado y comercializado por la firma.
El magistrado José Luis Calama tiene intención de desplazarse hasta Israel para realizar el interrogatorio al CEO de la empresa después de haber cursado una comisión rogatoria a ese país, según consta en un comunicado emitido por el Consejo General del Poder Judicial. Por el momento se desconocen las fechas en las que se tomará testimonio a Hulio.
La investigación se inició después de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, diera a conocer que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como varios de sus ministros, entre los que se encuentran el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados en sus dispositivos móviles con Pegasus.
La crisis desatada se saldó con la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, que fue sustituida por otra funcionaria de la institución de la confianza de la titular de Defensa.
El magistrado instructor ya había pedido a NSO Group que aportara información sobre algunos aspectos del programa espía Pegasus. La firma siempre ha mantenido que solo vende su producto a Gobiernos, un punto que ha estado envuelto en polémica porque podría haber sido utilizado por gobiernos autoritarios para espiar y controlar a la oposición o a activistas.
Por la misma causa también está llamado a declarar el ministro de la Presidencia el próximo 5 de julio, mientras que la exdirectora del CNI Paz Esteban, así como otro funcionario del organismo de Inteligencia, ya han prestado testimonio en sede judicial.
¿Y el espionaje a políticos catalanes?
Esta causa judicial se inició a partir de la denuncia interpuesta por la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, por el espionaje a los teléfonos móviles de Sánchez y varios de sus ministros.
La denuncia se produjo poco después de que saliera a la luz que 65 personas del ámbito independentista catalán habían sido espiados, entre las que se encontraba el actual presidente de Cataluña, Pere Aragonés. Poco después el CNI reconoció que estaba detrás del espionaje a 18 de estas personas.
El Gobierno catalán pidió personarse en esta causa, pero el juez Calama lo ha rechazado, al considerar que las personas jurídicas públicas no pueden ejercer la acción popular.
La portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja, se ha quejado de la doble vara de medir de la Justicia. "Parece que es más grave si te espían si eres presidente español o ministro que si eres conseller de la Generalitat", ha sostenido este martes en rueda de prensa.
La causa que se inició en un tribunal de Barcelona instada por el expresidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent para que se investigara el espionaje con Pegasus a varios políticos catalanes fue archivada provisionalmente a finales de mayo.
El juez instructor argumentó que no era posible continuar por falta de autor conocido, mientras se encontraba a la espera de que Israel contestase a una comisión rogatoria solicitando que NSO Group aportase información. Al no tratarse de un país comunitario, no tiene ninguna obligación legal de colaborar con la Justicia española.