El Gobierno estadounidense planeó utilizar su ahora inactiva Junta de Gestión de la Desinformación (JGD) para obligar a las redes sociales a eliminar las publicaciones que la Administración Biden considere falsas, según documentos filtrados obtenidos por legisladores republicanos.
Los senadores republicanos Chuck Grassley (Iowa) y Josh Hawley (Misuri) citaron los archivos reveladores en una carta abierta al jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, publicada el miércoles, en la que insisten en que se desvelen nuevos detalles sobre la controvertida estructura.
Anunciada por primera vez en abril pasado, la junta pronto fue puesta en suspenso tras una fuerte reacción pública en la que los críticos la compararon con el 'Ministerio de la Verdad' descrito en la novela política de ficción distópica '1984', del escritor George Orwell.
Los legisladores dijeron que los documentos filtrados causan "serias preocupaciones" sobre la iniciativa.
Dicho departamento "planeó coordinar esfuerzos para aprovechar vínculos con las plataformas sociales y posibilitar la eliminación de contenido de usuarios", detallaron los senadores en un comunicado, acusando al organismo de pretender utilizar a las redes sociales para "imponer su agenda".
"La JGD fue creada para servir de algo más que un simple 'grupo de trabajo' que desarrolle 'directrices, normas, [y] salvaguardas' para la protección de los derechos civiles y de las libertades civiles", escribieron. "De hecho, los documentos del Departamento de Seguridad Nacional muestran que la JGD fue diseñada para ser un nodo central del Departamento, el centro de intercambio de información y el guardián de la política de la Administración y su respuesta a cualquier cosa que considere ser 'desinformación'".
Grassley y Hawley argumentaron que el Gobierno no ofreció ninguna definición clara de 'desinformación' y que la junta mostró un serio sesgo incluso en sus primeras etapas, a pesar de las garantías de que se mantendría apolítica.
En particular, los senadores calificaron a Nina Jankowicz, elegida para dirigir la JGD, como "una conocida traficante de desinformación extranjera y de teorías de conspiración liberales". Sugirieron que Jankowicz podría haber sido contratada principalmente debido a "su relación con los ejecutivos de Twitter".
Los legisladores solicitaron documentos y comunicaciones relacionadas con Jankowicz, y pidieron al Gobierno que diera su definición de desinformación sancionable, diciendo que debería "identificar quién es exactamente el responsable último de hacer esta determinación".
Asimismo, instaron a Mayorkas a divulgar más información sobre los objetivos marcados por el Departamento de Seguridad Nacional para la JGD, y precisar si alguna vez pidió a las empresas de medios sociales que "censuraran, marcaran, añadieran contexto o eliminaran" las publicaciones de usuarios o prohibieran sus cuentas.