La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) informó que "el paro nacional sigue", alcanzando su octava jornada de protestas este lunes.
"Queda en sus manos, señor presidente de la República, resolver los 10 puntos" que han impulsado las manifestaciones, dijo la noche del domingo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, al ratificar la continuidad de las movilizaciones sociales.
Aunque las manifestaciones continúan en varias provincias del país, principalmente con bloqueos de vías y algunas marchas, a partir de este lunes descontentos de otras entidades prevén ingresar a Quito y unirse a quienes se han movilizado en la capital.
Algunos manifestantes arribaron el domingo a la parroquia Cutuglagua, al sur de Quito, donde se concentraron, para luego marchar hacia el centro de la urbe.
Asimismo, este lunes partió un grupo de la Guardia Indígena de la Amazonía hacia la capital ecuatoriana para sumarse a las manifestaciones en la ciudad.
"Aquí nosotros no entramos a hacer vandalismo", dijo Iza en un mensaje dirigido a las autoridades de Quito. Reprochó que la estrategia de las autoridades, para deslegitimar la protesta, haya sido instalar "miedo" en los habitantes de la capital.
¿Qué pasó el fin de semana?
El pasado viernes, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción "por grave conmoción interna" en tres provincias del país: Pichincha (cuya capital es Quito), Imbabura y Cotopaxi. La medida tendrá una vigencia de 30 días.
La decisión del Ejecutivo incluye la declaratoria del Distrito Metropolitano de Quito como Zona de Seguridad, en el cual se estableció un toque de queda, que rige desde las 10:00 de la noche a las 05:00 de la mañana del siguiente día.
En las tres provincias se suspendió el derecho a la libertad de asociación y reunión. "Consiste en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día, con el objetivo de impedir que se atente contra los derechos del resto de ciudadanos".
El establecimiento de esa suspensión no ha impedido que grupos de ciudadanos hayan salido a manifestarse en las calles. Tanto el sábado como el domingo hubo manifestaciones antigubernamentales al sur de Quito; pero también hubo una concentración, incluso apoyada por funcionarios del Gobierno, que fue denominada 'Marcha por la paz', en el centro norte de la capital, en pleno estado de excepción.
Para la tarde de este lunes, la Asamblea Nacional de Ecuador tiene previsto discutir en el pleno sobre el decreto de estado de excepción de Lasso, luego que 72 asambleístas pidieran ese debate con el objetivo de que se revoque la medida.
Las 10 demandas y la respuesta del Gobierno
Las 10 demandas que la Conaie ha presentado al Ejecutivo y que han sido el detonante de las manifestaciones, incluyen:
- Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el diésel a 1,50 dólares y la gasolina extra y ecopaís a 2,10 dólares.
- Alivio económico para más de cuatro millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas).
- Precios justos en los productos del campo.
- Empleo y derechos laborales.
- Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales.
- Respeto a los 21 derechos colectivos.
- Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos.
- Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad.
- Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.
- Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia que mantiene en zozobra al Ecuador.
En una alocución el viernes, Lasso presentó algunas medidas, en pro de "aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas". Estas incluyeron:
- Aumentar el bono de desarrollo humano, que se da a a familias en condición de pobreza y pobreza extrema, de 50 a 55 dólares.
- Duplicar el presupuesto a la educación intercultural.
- Subsidiar hasta el 50 % el precio de la urea para pequeños y medianos productores.
- El banco público BanEcuador condonará todos los créditos vencidos hasta 3.000 dólares.
- Crédito agrícola de hasta 5.000 dólares al 1 % y 30 años de plazo.
- No habrá alza del diésel, gas, y las gasolinas extra y ecopaís.
- No habrá ninguna privatización de servicios públicos y sectores estratégicos.
- Declarar en emergencia el sistema de salud pública.
La declaratoria de emergencia del sistema de salud, además de ser una demanda del movimiento indígena, también lo era de gremios de médicos y pacientes.
Antes de las protestas, el Gobierno se había negado a ese llamado. A principios de junio, durante una entrevista radial, la ministra de Salud Pública, Ximena Garzón, dijo que no había motivos para hacer esa declaratoria de emergencia en el sistema.
Atentado contra Iza
El pasado sábado, la Conaie denunció que el vehículo que trasladaba a Iza recibió lo que parece ser un impacto de bala.
El impacto lo recibió la ventana delantera del auto y, afortunadamente, el líder indígena salió ileso. "Alertamos esto en el marco del estado de excepción y la actitud beligerante del Gobierno", dijo la Conaie.
El domingo al mediodía, por su parte, la Fiscalía General del Estado realizó un allanamiento a la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), en Quito, ante "la presunta existencia de material explosivo en el lugar".
Cerca de dos horas después, la institución informó que durante el allanamiento "no se incautaron indicios ni se registraron detenidos".
Pero más tarde, la Policía informó la toma de la CCE "con la finalidad de contar con un espacio físico al interior de esta institución para albergar a personal policial de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y otras unidades policiales".
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo, por su parte, que esa toma se dio porque se dispuso el resguardo de las instalaciones de la CCE "por motivos de seguridad y de protección del patrimonio cultural yacente en dicha edificación".
"Al ser una institución pública, es imperioso brindar seguridad a sus instalaciones", añadió.
El presidente de la CCE, Fernando Cerón, denunció las medidas policiales y dijo que la "casa de la libertad, del pensamiento, de la diversidad ha caído en manos del terror"; asimismo, recordó que "la última vez que la CCE fue tomada por la Policía fue hace 46 años en una dictadura".
Durante las protestas de octubre de 2019, la CCE fue la sede que albergó a cientos de manifestantes que llegaron a la capital ecuatoriana para mostrar su rechazo a las medidas económicas y el paquete de reformas del entonces presidente Lenín Moreno.