La Justicia hondureña condena a 22 años y 6 meses de prisión al coautor intelectual del asesinato de la activista Berta Cáceres

La sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras ha impuesto una pena de 22 años y 6 meses de reclusión para el exmilitar Roberto David Castillo Mejía tras ser declarado culpable del delito de asesinato de la activista Berta Isabel Cáceres.

El tribunal también dictó "penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía" de Castillo. En su sentencia, la corte señala que las pruebas presentadas durante el juicio fueron "suficientes para quebrantar el estado de inocencia" del exmilitar, por lo que se concluyó que el encausado "participó de manera directa como coautor", en el marco de un "plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones" de la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, mientras dormía en su casa en la Residencial El Líbano en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.

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La activista, con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización de la cual Cáceres fue cofundadora, enfrentó durante años a DESA y su proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que impactaba al río Gualcarque, indispensable para la sobrevivencia del pueblo indígena lenca.

¿Quién es Roberto Castillo Mejía?

Castillo, quien fue teniente segundo en inteligencia militar en el Ejército de Honduras (2006-2011), ocupó la presidencia ejecutiva de DESA y fue señalado como coautor intelectual del asesinato de Cáceres. El exmilitar fue detenido en marzo de 2018 en el aeropuerto de San Pedro Sula, cuando estaba a punto de tomar un avión para volar a la ciudad estadounidense de Houston.

En 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) presentó un informe en el que se reveló que directivos y empleados de la hidroeléctrica DESA, junto con agentes del Estado y sicarios contratados, conspiraron para asesinar a la reconocida ambientalista.

El informe destapó la existencia de una maniobra para matar a Cáceres, fraguada en noviembre de 2015, con la finalidad de silenciar su reclamo contra la construcción de una hidroeléctrica que afectaría al medio ambiente.