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Exjefes de las extintas FARC-EP reconocen su responsabilidad en la política de secuestros durante el conflicto armado en Colombia

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Rodrigo Londoño aceptó que los crímenes cometidos iban "en contravía" de los valores y los principios que inspiraban su lucha.

El último secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en los secuestros que se cometieron durante el conflicto armado en el país suramericano.

"Vengo en calidad de último comandante de las desaparecidas FARC-EP y miembro de esa dirección máxima de las FARC a reconocer la adopción y ejecución de la política de secuestro dentro de las desaparecidas FARC. Reconocimiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad de carácter no amnistiable", dijo Rodrigo Londoño, quien era conocido en la guerrilla con los alias de 'Timoleón Jiménez' o 'Timochenko'.

La declaración la ofreció Londoño en la audiencia pública de reconocimiento llevada a cabo por la JEP, que sesionará desde este martes y hasta el próximo jueves 23 de junio, dentro de su Caso 01, relacionado con el secuestro durante el conflicto armado en Colombia.

Además de Londoño, en la audiencia participan Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

Londoño señaló que los miembros del último secretariado de las extintas FARC-EP asumen su responsabilidad "individual y colectiva" frente a uno de los "más abominables crímenes" cometidos por la organización, "fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".

El excomandante de las FARC-EP señaló, incluso, que esos crímenes iban "en contravía" de los valores y los principios que inspiraban su lucha.

"Nublan la visión"

Durante su derecho de palabra, Pablo Catatumbo Torres también aceptó su responsabilidad en la política de secuestros, y aseguró nunca imaginó que la guerra podría llegar a alcanzar tales "extremos de crueldad".

Gallo, por su parte, aseveró que "la guerra genera unas conductas, unos comportamientos, unas ideas que nublan la visión de quienes participan en ella", y dijo sentirse "profundamente" avergonzado por los hechos cometidos y la conducta asumida durante su estancia como combatiente.

Alape añadió: "No podíamos seguir así, más cuando descubrimos que nuestra organización se volvió una fábrica de odios y dolor. Cuando empezamos este proceso era para luchar por el país y ahora nos encontramos con las víctimas, cuando vemos a quienes veíamos como enemigos, eso duele".

Las víctimas

En la audiencia también hablaron algunas de las víctimas de secuestro de las extintas FARC-EP, quienes no solo aportaron su testimonio sino que incluso afirmaron que  habían perdonado a la guerrilla por esos crímenes.

"Perdoné y muchos hemos perdonado. Perdoné porque consideramos o considero de que seguir con odios es estar todavía secuestrado mentalmente", sostuvo el congresista Óscar Tulio Lizcano, quien fue víctima de secuestro en Riosucio, Caldas, el 5 de agosto de 2000, y estuvo en manos de la desaparecida guerrilla hasta el 26 de octubre de 2008, cuando logró fugarse.

Durante su intervención, Lizano recalcó el deseo que tienen los familiares de las víctimas de saber la verdad sobre sus seres queridos: "¿qué pasó? ¿dónde están?", cuestionó.

"Quiero que en esta aceptación del reconocimiento que hacen ustedes sea, primero, condicionada a la verdad. Yo creo que no hay nada mejor y reconfortante para una víctima, en medio de tan inmenso dolo,r que se le diga la verdad", expresó por su parte Orlando Beltrán, secuestrado por las extintas FARC-EP cuando se desempeñaba como representante a la Cámara por el departamento del Huila, en 2001. Permaneció cautivo hasta 2008.

Aunque señaló que "esta página del dolor hay que pasarla", aprovechó el momento para decirle a los siete comparecientes de las FARC-EP que eran "una manada de asesinos, de criminales, que merecen el repudio de la sociedad colombiana".

En la cita también intervino Sigifredo López, el único sobreviviente de los 12 diputados del Valle del Cauca que fueron secuestrados en 2002 y posteriormente asesinados. "Yo salí después de siete años de secuestro a hablar de paz y de reconciliación", recordó.

Tres patrones

La JEP –un mecanismo de justicia transicional surgido tras la firma del Acuerdo de Paz en Colombia– le imputó al último secretariado de la desaparecida guerrilla crímenes guerra y lesa humanidad, por más de 21.000 secuestros.

La institución identificó al menos tres patrones en la política de secuestros de la FARC-EP, que se desplegó en todo el territorio nacional: financiar a la organización armada en sus diferentes niveles jerárquicos, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios.

De acuerdo con la JEP, las FARC-EP "secuestraron a personas de todos los estratos sociales, sin distinguir territorios, condiciones de género, edad o de vulnerabilidad".

Se trata de una reparación "muy importante para cientos de miles de víctimas de secuestros en Colombia y es un impulso muy importante para seguir construyendo la paz", señaló al respecto el defensor de los derechos humanos David Flores, quien también destacó el carácter "restaurativo" y "no punitivo" de la justicia, que permite reponer los derechos de las personas afectadas en cada uno de los territorios.

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