Manifestantes de los movimientos indígenas de Ecuador fueron reprimidos este jueves por la Policía en los alrededores de la Asamblea Nacional en Quito, en el décimo primer día de protestas contra el Gobierno de Guillermo Lasso.
Desde hace once días, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mantiene un Paro Nacional con un pliego de demandas de las comunidades.
Según denunció la organización, varias personas fueron afectadas por bombas lacrimógenas durante la "marcha pacífica" encabezada por "mujeres y estudiantes", que se llevaba adelante en la capital del país.
De acuerdo al periódico El Universo, miles de marchantes intentaban ingresar en el edificio de la Asamblea, cuyos alrededores se encontraban fuertemente militarizados. La Policía Nacional dispersó la movilización con gases lacrimógenos.
Gary Espinoza, dirigente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), afirmó que buscaban ingresar al edificio para pedirle al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que se aplique el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, para que los legisladores "evalúen a Lasso" y se busque "una salida política" al conflicto.
En medio de la tensión que se vivía en las calles, una mujer debió ser asistida tras sufrir una descompensación, según pudo registrar Radio Pichincha.
Por su parte, el líder de la Conaie e impulsor de las protestas, Leónidas Iza, dijo que la represión policial de esta jornada había sido una "mala señal", de cara a un acercamiento entre los movimientos indígenas y el Gobierno.
En horas de la noche, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos confirmó la muerte de Henry Quezada Espinoza en el parque El Arbolito de Quito debido a un "trauma penetrante de tórax y abdomen por perdigones".
Desde el inicio del paro, el 13 de junio, se han registrado cuatro fallecidos, cuatro desaparecidos, 92 heridos y 94 detenciones, de acuerdo con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador.
Treguas y negociaciones
Este jueves, el ministro de Gobierno de Ecuador, Francisco Jiménez, anunció que la Conaie y otras organizaciones podrán hacer uso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), en Quito, para llevar adelante su asamblea, como paso previo al diálogo con el Ejecutivo, que aún no se concreta.
La sede de la CCE y el vecino parque El Arbolito, donde se ha concentrado tradicionalmente el movimiento indígena durante sus movilizaciones en la capital ecuatoriana, estaban previamente tomados por la fuerza pública para albergar a personal policial, hospedaje y centro de acopio.
Además, gobernadores de 23 provincias, agrupados en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), propusieron una tregua de 24 horas para encauzar las conversaciones entre las partes en conflicto.
Lasso había propuesto una reunión con la Conaie a fin de frenar las protestas que están teniendo lugar por el aumento del coste de la vida en el país, pero este miércoles dio positivo de covid-19, por lo que permanecerá despachando desde el Palacio de Gobierno, "trabajando por el país y por la paz", se informó oficialmente.
No obstante, la posibilidad de negociar una salida parecía trabada por la negativa del mandatario a levantar el estado de excepción dictado para seis provincias, una de las condiciones que puso el movimiento indígena para iniciar conversaciones.
También exigieron el "cese inmediato de las acciones de represión y criminalización; cese al ataque y respeto de las zonas de resguardo humanitario"; y atención, por parte del Gobierno, de toda la agenda propuesta por las organizaciones.
"Pago de la inmoral deuda externa"
El presidente del Frente Popular del Guayas, Juan Cervantes Gómez, asegura que el "paro del pueblo" ecuatoriano tiene como propósito "exigir al Gobierno capitalista de Lasso un alto al incremento de los productos de la canasta básica, que se ha disparado sin control gubernamental". También urge al Ejecutivo reducir los precios de los combustibles y que se deroguen los decretos que impulsaron "el incremento mensual" de los costos.
Según Cervantes Gómez, el país necesita "empleo digno para enfrentar la crisis, y eso implica mayor inversión pública, toda vez que el Gobierno ha privilegiado el pago de la inmoral deuda externa a la que se destina más de 13.000 millones de dólares anuales". Mientras tanto, sectores como la educación, salud y el agro carecen de presupuesto, lamenta.