Al cumplirse doce días de protestas de los movimientos indígenas en Ecuador, Amnistía Internacional (AI) denunció este viernes que un manifestante murió a causa del "uso excesivo de la fuerza" en el marco de la represión policial, por lo que debe ser investigada como "potencial ejecución extrajudicial".
"En la noche del 21 de junio, fuerzas de seguridad que reprimían una manifestación en Puyo, Pastaza, dispararon una granada de gas lacrimógeno, directamente y a corta distancia, contra B. G., un hombre indígena kichwa de la comuna de San Jacinto. B. G. murió más tarde en el Hospital General Puyo a causa del disparo", indicó el organismo de derechos humanos en un comunicado.
"Tras el análisis de testimonios y de evidencia digital, Amnistía Internacional considera que la muerte de B. G. fue causada por agentes de fuerzas de seguridad, muy probablemente policías, a través del uso excesivo de la fuerza y que debería ser investigada con prontitud por la Fiscal General del Estado", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
De acuerdo a lo señalado por testigos, los hechos ocurrieron cuando decenas de uniformados atacaron con gas lacrimógeno a manifestantes que se habían congregado pacíficamente en la zona residencial y comercial de Puyo, conocida como Picolino. "A partir de entonces, se dio un enfrentamiento violento entre los manifestantes y los policías, en el cual ocurrió el disparo contra B. G".
La organización analizó videos publicados en redes sociales que muestran a B. G. tendido en el suelo en momentos posteriores al disparo. "En el primero, aparece una granada insertada completamente en su cráneo que aún libera una nube de gas lacrimógeno, mientras en el segundo aparece expuesta la herida en su cráneo", detalla AI.
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Organizaciones indígenas de Ecuador denunciaron la noche de este martes "el asesinato de un manifestante" en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, en el marco de represión a las protestas contra el Gobierno de Guillermo Lasso.
La persona fallecida fue identificada como Guido Guatatoca, comunero de la etnia kichwa de Ecuador.
El paro fue iniciado el 13 de junio por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) contra el aumento de los combustibles y otras demandas relacionadas al empleo, la producción agrícola y el endeudamiento de los sectores campesinos.
Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que aglutina a 15 agrupaciones, hasta el jueves 23 de junio se habían registrado en el contexto de las manifestaciones cinco personas fallecidas, cinco desaparecidos, 166 heridos y 108 detenciones.
Este viernes, el presidente Lasso denunció que hay un "intento de desestabilizar la democracia" en su país, acusó el accionar de "criminales infiltrados" y advirtió que las fuerzas de seguridad harán "uso progresivo de la fuerza".