Lasso asegura que hay un proceso para "desestabilizar" a su gobierno y advierte que las fuerzas de seguridad harán "uso progresivo de la fuerza"

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró este viernes que hay un "intento de desestabilizar la democracia" en su país.

El mandatario ofreció un mensaje al país, cuando se lleva a cabo la jornada 12 del paro nacional indefinido, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), al que se han sumado otros colectivos sociales.

"Está comprobado que la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado", dijo el mandatario, que llamó a la "comunidad internacional" a estar atenta.

Lasso, aunque ha llamado al diálogo, insistió en que las manifestaciones tienen un carácter "violento" y que "grupos de criminales" utilizan como pretexto el derecho a la protesta para "delinquir".

Al respecto, advirtió con que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas "actuarán con los medios necesarios para defender, dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia".

El mandatario pidió a los miles de "hermanos indígenas y campesinos" que se encuentran en Quito participando de las manifestaciones antigubernamentales —muchos de ellos residentes de la capital ecuatoriana—, "regresar a sus comunidades" por "su seguridad y las de sus familias".

"Hoy reafirmamos nuestro compromiso con todos ustedes de atender directamente en sus comunidades todas sus causas históricas", prometió.

Derechos vulnerados y represión

En su mensaje, Lasso dijo que estas protestas han vulnerado los derechos de los miembros de las "fuerzas públicas, ciudadanos y periodistas".

El mandatario se solidarizó con ellos y "con los ecuatorianos agredidos injustamente durante todos estos días".

No obstante, en su discurso, de casi seis minutos, no se refirió a los muertos ni heridos en las filas de los manifestantes, como lo han denunciado organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.

Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que aglutina a 15 agrupaciones, hasta el jueves 23 de junio se habían registrado en el contexto de las manifestaciones cinco personas fallecidas, cinco desaparecidos, 166 heridos y 108 detenciones.

Asimismo, señalan que se han cometido al menos 64 vulneraciones a los derechos humanos, de los cuales responsabiliza al Estado.

Las organizaciones agrupadas en esta Alianza han denunciado que estos últimos dos días, luego de que la Conaie se concentrara en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) en Quito, han evidenciado una fuerte represión policial hacia los manifestantes en sus cercanías, incluyendo al parque El Arbolito y los alrededores de la Asamblea Nacional.

"El gobierno incapaz nos mete bala porque no puede generar ideas ni soluciones", señalaron desde la Conaie, tras denunciar los ataques de la fuerza pública contra los manifestantes.

Ya el pasado lunes, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, había señalado que "la lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019".

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La organización enumeró múltiples denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Las peticiones

El paro nacional indefinido arrancó el pasado 13 de junio, luego de un año de un infructuoso diálogo. La convocatoria de la Conaie fue ante la "incapacidad y falta de voluntad" del Gobierno para responder a las demandas sociales.

El reclamo del movimiento indígena y de las otras organizaciones sociales al Gobierno incluye 10 peticiones: reducción y no más subida del precio de los combustibles, moratoria y renegociación de deudas con la banca para más de 4 millones de familias, precios justos en los productos del campo, empleo y derechos laborales, salud y educación, moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, respeto a los 21 derechos colectivos, alto a la privatización de los sectores estratégicos, políticas de control de precios y acciones públicas efectivas para frenar la ola de violencia que mantiene en zozobra al Ecuador.

Respecto al diálogo con el Gobierno, la Conaie ha puesto como condiciones para asistir el cese inmediato de las acciones de represión y criminalización, derogatoria del estado de excepción y garantías de no imponer nuevos decretos en el marco del actual paro nacional, cese al ataque y respeto de las zonas de resguardo humanitario, y que toda la agenda sea puesta en la mesa y no existan puntos inviables para el gobierno, sino esfuerzos para atender el clamor ciudadano.

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