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La Comisión de Fiscalización del Congreso peruano recomienda una acusación constitucional contra Pedro Castillo por corrupción

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El grupo de legisladores considera que el mandatario debe ser investigado por el caso Puente Tarata III.

La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú le recomendará este jueves al pleno acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por "organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo", informó el sitio RPP.

La Comisión culminó este miércoles un informe al que tuvo acceso el medio local, en cuyas conclusiones se recomienda investigar a Castillo por su presunta participación en la adjudicación ilegal de la construcción de un puente sobre el río Huallaga, con la que habría incurrido en un acto de corrupción.

El documento, que será puesto a consideración del pleno, señala que los empresarios que integraron el Consorcio Puente Tarata III, ganador de la obra, habrían entregado dinero al jefe de Estado a través de la empresaria Karelim López.  

Según la Comisión, ante la que Castillo se negó a declarar, el mandatario se alió con su exsecretario Bruno Pacheco, su exministro de Transportes Juan Silva (actualmente prófugos) y los lobistas Karelim López y Zamir Villaverde para adjudicar irregularmente a un consorcio la obra del puente Tarata por el equivalente a unos 62 millones de dólares.

El jueves pasado, la Justicia de Perú desestimó un recurso presentado por la defensa del presidente que buscaba anular una investigación preliminar en su contra por este caso de corrupción. 

El abogado del mandatario, Benji Espinoza, planteó que el proceso violaba los principios constitucionales de legalidad procesal y de seguridad jurídica del mandatario.

En su respuesta, el juez Juan Checkley indicó que, si bien el presidente solo puede ser acusado por los supuestos que prevé el artículo 117 de la Constitución, la disposición no anula la posibilidad de iniciar una investigación preliminar "siempre que existan justificaciones razonables".

¿Violación de los principios constitucionales?

"Es absolutamente grave que la Comisión de Fiscalización concluya que está probado que el presidente estaría involucrado en actos de corrupción y, por otro lado, recomiende a la Fiscalía de la Nación que lo investigue porque ya lo está investigando y, segundo, porque no puede decir, por un lado, que está probado y por otro decir que hay indicios", indicó el abogado del mandatario, Benji Espinoza.

"Si tú consideras que está probado algo, hay pruebas, ya no hay indicios. Esta y otras cosas encontramos en un informe que es absolutamente político, que no tiene rigor jurídico. Y desde el punto de vista del derecho penal, su análisis es absolutamente equivocado y ligero", agregó. Asimismo, señaló el hecho de que la Comisión de Fiscalización ya tenía el informe final listo antes de tomarle la declaración a Castillo.

"Este informe, de más de 360 páginas, lo que ratifica es que la Comisión de Fiscalización nunca quiso ir y escuchar al presidente. Lo que quería era imputarle cargos y generar show y escarnecimiento en su contra", sostuvo Espinosa.

Por su parte, el jefe de Estado ha negado estar involucrado en los hechos que se investigan, y aseguró la semana pasada que se presentará cada vez que sea convocado por la Justicia. 

Si el pedido de la comisión que preside el parlamentario derechista Héctor Ventura es aprobado por el Congreso, Castillo será acusado constitucionalmente, lo que dará inicio a un proceso judicial que podría derivar en su salida de la Presidencia.

El Congreso de Perú ya ha intentado dos veces destituir al mandatario, pero no ha logrado reunir los 87 votos necesarios (de entre 130 congresistas).

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