El movimiento indígena y el Gobierno de Ecuador lograron un acuerdo este jueves, tras 18 días del paro nacional indefinido en el país suramericano, con lo que se pone fin a las movilizaciones.
Gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), las partes en conflicto firmaron el "Acta por la paz", en el que se establecieron los consensos y compromisos alcanzados.
Con la firma del "Acta por la paz", la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), movimientos que lideraron las protestas desde el pasado 13 de junio, declararon "el cese de las movilizaciones y el retorno paulatino a los territorios, así como la suspensión de todo acto que pudiera afectar la paz y el orden público".
"Suspendemos esta medida de hecho", dijo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en una conferencia de prensa que brindó el movimiento indígena junto a representantes del Gobierno y la Iglesia.
Señaló que aunque las diferentes organizaciones no quedaron conformes en algunos temas tratados, acatarán el fin del paro "por el bien del país".
Por su parte, el Ejecutivo, que estuvo representado en la mesa por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se comprometió a derogar el estado de excepción vigente, que actualmente rige en cuatro provincias del país —Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana—, "en la medida en que se restablezca la paz en el territorio ecuatoriano".
Celebraciones de ambas partes
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien nunca se sentó personalmente en la mesa de diálogo con el movimiento indígena e incluso desconoció el liderazgo de Iza y lo tachó de "oportunista", celebró el acuerdo alcanzado.
"Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos: paz en nuestro país. Terminó el paro. Ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar, y oportunidades para todos", escribió en su cuenta en Twitter.
Por su parte, la Conaie celebró, también con una publicación en Twitter, que sí tuvieron respuestas a sus demandas.
"¡Solo la lucha nos ha permitido conquistar derechos! Sí tenemos resultados en la agenda nacional de 10 puntos, sí logramos medidas para aliviar la situación económica, salud y educación de las familias vulnerables del campo y ciudad; bajamos decretos para defender la vida", señaló la organización.
El precio de los combustibles
Entre los puntos más destacados del acuerdo está la aceptación del Ejecutivo de disminuir cinco centavos de dólar más al precio del galón del diésel y de las gasolinas extra y ecopaís, las más usadas en Ecuador.
Con esa decisión, la reducción total del costo de los combustibles conseguida por los descontentos sería de 15 centavos de dólar, puesto que días atrás el presidente Lasso anunció la baja de 10 centavos.
De esta manera, el precio del galón del diésel queda establecido en 1,75 dólares y el de las gasolinas extra y ecopaís en 2,40. Aparte, se trabajará en las políticas de focalización de subsidios para los sectores que lo necesitan.
Sin embargo, la medida quedó aún lejos de los solicitado inicialmente por el movimiento indígena, que pedían la reducción y el congelamiento del costo del galón del diésel en 1,50 dólares y el de las gasolinas extra y ecopaís en 2,10.
El resto de las demandas
El costo de los combustibles era uno de los 10 puntos del petitorio que presentó el movimiento indígena al Ejecutivo al inicio del paro nacional.
Este jueves, como ya era de conocimiento público, se reiteró en el "Acta por la paz" la derogación del Decreto 95, firmado por Lasso en 2021, en el que se expidió la política de hidrocarburos y un 'Plan de Acción Inmediato' para el desarrollo del sector hidrocarburífero.
Asimismo, se acordaron modificaciones al Decreto 151, también firmado por Lasso el año pasado, en el que se publicó el "Plan de Acción para el Sector Minero". Respecto a este documento, se estableció la exclusión de la actividad extractiva en áreas protegidas y territorios ancestrales, zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas y áreas de protección hídrica; además, se garantizará la consulta previa, libre e informada en las comunidades.
La derogación de estos dos decretos eran parte de un solo punto del petitorio. Las ocho demandas restantes fueron:
- Alivio económico para más de cuatro millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas en el sistema financiero público y privado.
- Precios justos en los productos del campo.
- Empleo y derechos laborales.
- Respeto a los 21 derechos colectivos: educación integral bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
- Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos.
- Políticas de control de precios y contra la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad.
- Salud y educación.
- Políticas públicas para frenar la ola de violencia que mantiene en zozobra al Ecuador.
El lunes, antes de que las partes se sentaran a negociar, la Conaie informó que había conseguido respuesta del Gobierno en al menos cinco de esos puntos restantes.
Por ejemplo, Lasso emitió el Decreto 452, mediante el cual se dispuso a los gobernadores de todas las provincias del país intensificar los operativos y mecanismos de control necesarios para prevenir y erradicar procesos especulativos.
El mandatario también anunció otras medidas, dando respuesta a algunos de los puntos planteados por el movimiento indígena:
- Aumentar cinco dólares del bono de desarrollo humano, que se da a familias en condición de pobreza y pobreza extrema, pasando de 50 a 55 dólares.
- Duplicar el presupuesto a la educación intercultural.
- Subsidiar hasta el 50 % el precio de la urea para pequeños y medianos productores.
- Condonación en BanEcuador de todos los créditos vencidos hasta 3.000 dólares.
- Crédito agrícola de hasta 5.000 dólares al 1 % y 30 años de plazo.
- No privatizar servicios públicos y sectores estratégicos.
- Declarar en emergencia el sistema de salud pública.
90 días más o vuelven a paro
En el "Acta por la paz", las partes en conflicto se comprometieron a instalar una mesa de diálogo, con la presencia de garantes, para la resolución de los temas pendientes presentados en los 10 puntos.
Ese diálogo tendrá una duración de 90 días y en él, además, se dará seguimiento a los acuerdos alcanzados. "Se garantizará la presencia de las funciones del Estado —Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Ciudadana—, relacionadas con los puntos tratados", dice el acta.
Iza expresó que en caso de incumplimiento a lo firmado en el "Acta por la paz", en 90 días saldrían a "exigir nuevamente su debido cumplimiento".
Lo que deja el paro
En 18 días del paro nacional indefinido, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos que aglutina a 15 agrupaciones, se registraron seis fallecidos, 331 heridos y 152 detenidos.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, que estuvo en Ecuador dando seguimiento a las protestas, señaló que el Estado ecuatoriano cometió "delitos de lesa humanidad" en las manifestaciones.
Además de los asesinatos, informaron sobre detenciones arbitrarias en las que hubo "tormentos, tratos crueles y degradantes", así como violaciones al derecho a la defensa.
Mariela Navarro, integrante de la misión, indicó que agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas "actuaron con vehemencia e impunidad en el ejercicio de la represión".
Durante la firma del "Acta por la paz" este jueves, Iza señaló que otro de los puntos en los que continuarán insistiendo es en la reparación integral de las víctimas en las manifestaciones y en la no criminalización de los luchadores sociales.
"El tema de la criminalización va a quedar bajo la buena fe, la buena voluntad del Gobierno nacional", señaló el titular de la Conaie, pero pidió al Ejecutivo parar la estigmatización y de catalogar a los luchadores sociales como "terroristas".
El pasado 28 de junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que había abierto "261 investigaciones previas y 29 instrucciones fiscales" en el contexto de las manifestaciones.
Entre los delitos investigados están terrorismo, homicidio, intimidación, paralización de un servicio público, ataque o resistencia, asociación ilícita, rebelión, tortura, entre otros.