En América Latina hay izquierdas a diferentes temperaturas. Una de las más atemperadas es la de Chile, que este viernes se posicionó más claramente sobre el tema estrella que hace saltar los termómetros políticos en la región: Venezuela.
En una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, la canciller chilena, Antonia Urrejola, dejó claro que la administración de Gabriel Boric condena "la violación a los derechos humanos en Venezuela", pero aseguró que desde Santiago apuestan a un acercamiento con Caracas.
Ese matiz, para Urrejola, es el síntoma de "un giro" con respecto a la política exterior que había asumido la gestión de Sebastián Piñera. "Nosotros entendemos que lo que fue, por ejemplo, el Grupo de Lima y la exclusión de Venezuela en los foros multilaterales no ha sido una solución", explicó.
Según la jefa de la diplomacia chilena, el interés inmediato de Boric es "restablecer el Grupo Internacional de Contacto" que se instaló en México para facilitar los diálogos entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, con el objetivo de que se celebren "elecciones libres y democráticas" en 2024.
"Que ese espacio de conversación –insistió Urrejola–, de diálogo y negociación se retome, con miras a que Venezuela pueda tener un proceso de eleciones democráticas de acuerdo con los estándares en la materia". La declaración, vista entre líneas, es un desconocimiento tácito a la legitimidad del Gobierno de Maduro, que llegó por vía electoral en 2018.
Una "crisis" irresoluta
Incluso antes de asumir el poder, Boric había mantenido una postura agria con el presidente Nicolás Maduro, al acusarlo de implementar un modelo "fracasado" en Venezuela. Desde Caracas, la respuesta tampoco ha sido amigable.
Sin embargo, ya en la presidencia, el mandatario chileno se plantó en contra de la exclusión de Venezuela de foros como la Cumbre de las Américas por el veto de EE.UU. y defendió la necesidad de promover espacios de diálogo con Caracas.
Ese interés no es gratuito. Este viernes, la canciller chilena recalcó que su país es receptor de "casi medio millón de personas migrantes venezolanas", un fenómeno que se potenció en los últimos años por la situación económica, política y social de Venezuela, agravada por las sanciones de EE.UU. y las acciones punitivas que se aplicaron desde el extinto Grupo de Lima.
Al respecto, Urrejola añadió: "La crisis migratoria en Venezuela no va a tener solución si no conversamos". La gestión de Boric ya ha dado traspiés con el tema, luego de las desafortunadas declaraciones de la ministra de Interior, Izkia Siches, quien no llevaba ni un mes como titular de la cartera cuando protagonizó un escándalo con información falsa sobre migrantes venezolanos.
Mientras tanto, la cuestión en la frontera del norte de Chile sigue siendo complicada por la llegada de los migrantes en situación administrativa irregular y las manifestaciones xenófobas por una parte de la población. De hecho, desde el año pasado las protestas contra las personas sin papeles (muchos de ellos ciudadanos venezolanos) han sido tan violentas que han provocado el pronunciamiento de organismos internacionales para exigirle al Estado que les provea protección.
Una cuestión regional
Durante el encuentro de este viernes, la canciller chilena coincidió con su par español en el enfoque sobre Venezuela y adelantó que "hay un alto interés" de Boric de visitar Madrid en los próximos meses.
"Boric es bienvenido a España en cualquier momento", respondió Albares. El mandatario chileno, que lleva poco más de tres meses en el cargo, ya había adelantado que su planteamiento sobre la migración quería emular el "sistema de cuotas" que aplicó Europa con los refugiados sirios, aunque hoy Urrejola no ofreció mayores detalles al respecto.
De momento, la apuesta del presidente chileno –que todavía no se ha reunido directamente con Maduro– es que la situación con Venezuela (especialmente en lo tocante a la migración) se aborde de manera regional, un enfoque que solo se diferencia de la estrategia de Piñera en el hecho de que tendría como interlocutor al Gobierno venezolano y no al líder de la oposición.