El polémico proyecto del Gobierno de Perú para sancionar la publicación de información fiscal que desata un nuevo aluvión de críticas en la prensa

El Gobierno de Perú presentó este miércoles un polémico proyecto de ley que busca sancionar con hasta 4 años de cárcel a quienes difundan información sobre procesos judiciales, una iniciativa que ya produjo reacciones de parte de organizaciones de prensa.

La iniciativa propone la incorporación del articulo 409 C en el Código Penal y una modificación al artículo 324 para sancionar la difusión de información reservada de una investigación penal, informó el periódico La República.

El texto del proyecto señala que con la normativa se busca "garantizar que los actos de investigación alcancen a sus fines, sancionar el delito, restaurar la lesión ocasionada por este y asegurar la paz social". 

En caso de ser aprobada, la ley establece que si el responsable de la difusión de información fiscal es un imputado agraviado, abogado o representante legal de cualquiera de las partes será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 1, ni mayor de 2 años.

Asimismo, cuando una filtración sea cometida por un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional, la pena será no menor de 2 ni mayor de 3 años.

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Para cualquiera de los casos anteriores, si la revelación de datos judiciales ocurriera a través de medios de comunicación o de difusión masiva, la condena a prisión sería no menor de 2 años ni mayor de 4. 

El proyecto lleva la firma del presidente Pedro Castillo y del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres. Le fue entregado a la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, para su tratamiento.  

Rechazo de la prensa

Tras conocerse la existencia del proyecto oficial, los medios de comunicación y organizaciones de prensa locales advirtieron que la iniciativa podría tener por objetivo obstaculizar las investigaciones que involucran a funcionarios del Gobierno. 

Además, el Instituto de Prensa y Sociedad de Perú (IPSP), señaló que el proyecto es "inconstitucional" y "atenta contra la libertad de expresión", en momentos en que avanzan investigaciones que salpican a la administración de Castillo o a su círculo íntimo.

"Advertimos que un proyecto de esta naturaleza no tiene ninguna relación con la alegada necesidad de proteger la acción de la justicia. Lo consideramos, por el contrario, un intento de proteger a los investigados por corrupción dentro del gobierno, como parte del conjunto de acciones destinadas a obstruir la acción de la justicia que estamos presenciando", sostiene el IPSP en un comunicado.

En sintonía, la la Asociación Nacional de Periodistas de Perú expresó su rechazo "categórico" al proyecto de ley, que, consideraron, "afectaría gravemente el derecho a la información y la lucha contra la corrupción en el país".

La ANP indicó además que el texto elaborado por el Ejecutivo "contradice las declaraciones de ministros de distintas carteras que, de manera reiterada, manifestaron que la iniciativa no contravenía la libertad de expresión ni tendría impacto en el trabajo de periodistas".

Lo propio hizo la Federación de Periodistas de Perú:  "Rechazamos y condenamos este tipo de coacciones y chantaje periodístico a quienes informan con la verdad. Con este proyecto de ley, estaría perjudicando la labor del periodismo de investigación, en el caso de aprobarse en el Pleno del Legislativo", dice una nota pública del gremio. 

En varias ocasiones, desde el Gobierno de Castillo hubo cuestionamientos a la prensa por difundir información "malintencionada" con el objetivo de implicar a su gestión en algún acto de corrupción, sin contar con pruebas. Incluso, desde las filas del Ejecutivo han llegado de decir que la "prensa es un chiste". 

Semanas atrás, el jefe de Gabinete Aníbal Torres explicó en rueda de prensa la finalidad de esta iniciativa: "Sucede en la actualidad que en las investigaciones la información reservada se da conocimiento rápidamente al público. A veces seleccionando información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Por eso estamos presentado un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine", dijo, según publicó RPP Noticias.