Un proyecto de ley en Perú que pretende cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el de Ministerio de la Familia desató una ola de protestas de organizaciones feministas e incluso de funcionarias del Gobierno de Pedro Castillo.
La iniciativa, que fue aprobada esta semana en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, la presentó Américo Gonza, congresista de Perú Libre, el partido con el que Castillo ganó las elecciones presidenciales pero al que ya renunció en medio de la permanente inestabilidad que ha cubierto su primer año de gestión.
El dictamen reconoce que las mujeres violentadas forman parte de un grupo vulnerable que merece políticas públicas que las protejan. Sin embargo, también advierte que la actual denominación del Ministerio deja afuera a los niños y adultos que viven en estado de abandono.
Por eso, considera que rebautizarlo como Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables es una manera de generar "igualdad de atención y respeto irrestricto" de los derechos de todo ciudadano a ser atendido por las dependencias del Estado.
Como el Congreso no tiene facultades para cambiar el nombre de la dependencia, el proyecto aprobado propone declarar la propuesta como un tema de interés público para "poner en vitrina y darle la importancia real a los demás grupos vulnerables que forman parte de un mismo núcleo familiar".
La controversia fue inmediata.
Reacciones
El congresista Waldemar Cerrón defendió el apoyo de la bancada de Perú Libre al cambio de nombre con argumentos que azuzaron la polémica.
"Dentro de la familia está el papá, la mamá y los hijos, estamos resguardando la unidad familiar porque no se puede sacar con el cuento de la mujer y dejar a los demás miembros de la familia fuera. Se está integrando y está haciendo un proceso adecuado y científico", afirmó.
En respuesta, la Defensoría del Pueblo advirtió que los dichos de Cerrón "relativizan el problema estructural que sufren las mujeres en todo su ciclo de vida" y reafirmó su postura de no desnaturalizar el rol del Ministerio de la Mujer.
Diana Miloslavich, titular del Ministerio, señaló que la sustitución no es pertinente, entre muchos otros motivos, porque las mujeres son las más afectadas por la pandemia, a lo que se suman las múltiples desigualdades estructurales. "El Perú debe avanzar en materia de igualdad de género y esta debe ser nuestra prioridad en la agenda nacional", dijo.
La respuesta formal del Ministerio de la Mujer quedó plasmada en un comunicado que sostuvo que el dictamen se pone de espaldas a 17 millones de mujeres peruanas y residentes que sufren de discriminación estructural por su condición de mujeres y que afecta severamente sus vidas, sus derechos y sus oportunidades.
"Cuestiona severamente la posibilidad de Perú de ingresar a la OCDE y cumplir con sus compromisos y responsabilidades internacionales y la agenda de desarrollo 2030", añadió.
El proyecto, subrayó, invisibiliza a las mujeres como sujetos de derechos y de políticas públicas, pretendiendo relegarlas en el espacio de la familia para reproducir una concepción tradicional de roles.
Por otra parte, nueve exministras de la Mujer publicaron su propio comunicado para repudiar la propuesta legislativa.
"Rechazamos el cambio de denominación y nos afirmamos en nuestra apuesta por la definición y el carácter del Ministerio que nos ha permitido avanzar en normativas políticas, programas y servicios para contribuir a eliminar la discriminación estructural de las mujeres peruanas que siguen siendo las más afectadas por el impacto de la Covid 19 que ha implicado un retroceso para disminuir las brechas de género y ha profundizado las desigualdades", explicaron.
Desde hace 26 años, recordaron, el Ministerio tiene un compromiso con las mujeres, quienes representan la mitad de la población peruana, y las competencias para la promoción de sus derechos, la garantía de la igualdad de género y la erradicación de las violencias.
"Las familias son fundamentales y reconocemos los derechos de cada uno de sus miembros al interior de ellas, así como los derechos de los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos", afirmaron al aclarar que no cederán ni retrocederán en lo avanzado.
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