El ministro de Defensa de El Salvador dice que el régimen de excepción terminará "cuando no haya ni un pandillero en la calle"

El ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino Monroy, ratificó que el estado de excepción que rige en el país continuará en vigencia para contrarrestar la ola de violencia, y desestimó las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos. 

"Nosotros tenemos claro que esto se va a terminar cuando ya no haya ni un solo pandillero en la calle de nuestro país. Allí va a estar concluida la misión", declaró el alto cargo político, según reportó el portal de noticias Elsalvador.com.

El titular de la cartera de Defensa señaló durante una entrevista televisiva que desde que empezó el mandato del Gobierno de Nayib Bukele, las bandas criminales se han desplazado hacia zonas rurales, desde donde se han enfrentado a las fuerzas de seguridad mediante el uso de "armas de grueso calibre".

El ministro Monroy aseguró que, con el objetivo de contrarrestar esa ofensiva, el Gobierno está utilizando la Fuerza Aérea, aunque no especificó cuál es la tarea que hacen exactamente.

Asimismo, señaló que las Fuerzas Armadas han adquirido diversos equipamientos como armamento de mayor precisión y velocidad de tiro, cascos blindados, drones y vehículos aéreos no tripulados con cámaras infrarrojas.  

Respecto a las denuncias de organismos de derechos humanos que señalan detenciones arbitrarias en el marco del estado de excepción, el alto cargo político manifestó que se trata de "un grupo de personas que salen a victimizar a estos delincuentes", y dan a la actuación militar "una connotación tanto nacional como internacional para atacar" una medida que "tanto resultado ha dado". 

En junio, el Parlamento de El Salvador aprobó una tercera prórroga del estado de excepción, una política que el mandatario Nayib Bukele considera parte fundamental de su "guerra" contra las pandillas. 

Hasta ahora, según el Ministerio de Seguridad Nacional, desde que se implementó la medida, fueron capturados un total de 45.660 "terroristas", supuestamente vinculados a las organizaciones criminales que el Gobierno se dispone eliminar.