Diálogo en Ecuador: El Gobierno y el movimiento indígena instalan las primeras mesas técnicas para abordar los temas pendientes tras las protestas

La focalización de un subsidio estatal a los combustibles y una moratoria sobre los créditos en la banca pública y privada son parte de las prioridades.

El Gobierno y el movimiento indígena de Ecuador instalaron este miércoles las dos primeras mesas técnicas de diálogo, de las 10 acordadas, para tratar los temas pendientes por resolver después de las protestas del pasado junio.

Las conversaciones se llevan a cabo en Quito, la capital del país, en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), que funge de mediadora en las negociaciones. En esta oportunidad se instalaron dos mesas temáticas: la de focalización del subsidio a los combustibles y la de banca pública y privada.

La primera mesa, cuyo mediador es Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), tiene que ver con una demanda del movimiento indígena para focalizar un subsidio estatal a los combustibles para los sectores que lo necesitan, como agricultores, campesinos, transportistas, pescadores, entre otros, y con ello conseguir un menor precio del producto.

Durante el paro nacional, los manifestantes lograron una reducción de 15 centavos de dólar en el precio del galón del diésel y las gasolinas extra y ecopaís, las más usadas en Ecuador; el primero quedó en 1,75 dólares y las segundas en 2,40. Pero, además de esa baja, pedían el subsidio focalizado que ahora se comenzará a tratar.

La otra mesa técnica instalada este miércoles cuenta con Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), como mediador. Esta busca negociar una moratoria con la banca pública y privada de al menos de un año, además de una reestructuración de los créditos para las familias, que contemple una reducción de las tasas de interés.

Asimismo, el movimiento indígena exige no se embarguen los bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago de esos créditos.

La petición se hace después de un trecho ganado a pulso, ya que en medio de las manifestaciones, el movimiento indígena logró que BanEcuador –con aval de Gobierno– aprobara la condonación de todos los créditos vencidos hasta 3.000 dólares, así como la reducción de la tasa de interés de 10 a 5 % para financiamientos en ese mismo rango.

Del mismo modo, el Ejecutivo dispuso de otros 100 millones de dólares para créditos para pequeños y medianos productores.

Otros temas pendientes

En un encuentro previo de la semana pasada, el Gobierno y el movimiento indígena acordaron establecer 10 mesas técnicas de diálogo. Las ocho restantes son:

  1. Fomento productivo.
  2. Empleo y derechos laborales.
  3. Energía y recursos naturales.
  4. Derechos colectivos y educación superior.
  5. Protección a inversiones nacionales.
  6. Control de precios.
  7. Acceso a la salud.
  8. Seguridad.

De acuerdo con el Acta por la paz que firmaron ambas partes el 30 de junio, y que puso fin a las protestas, hay un plazo de 90 días para encontrar soluciones a estos temas pendientes.

Piden respeto

Durante la instalación de las mesas técnicas este miércoles, los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), las organizaciones convocantes de las protestas de junio, rechazaron las declaraciones del presidente del país, Guillermo Lasso, quien recientemente dijo que el paro nacional estuvo financiado por el narcotráfico.

"Seguimos escuchando las descalificaciones del señor presidente de la República y esto realmente pone en riesgo lo que hemos empezado", dijo Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

El dirigente indígena añadió que si "se sigue insistiendo en las descalificaciones" y "en pretender imponer una verdad sobre lo que no existe", el movimiento indígena se verá obligado a tomar una posición. "Nosotros aquí venimos con humildad, pero no podemos ser humillados", enfatizó Iza.

El coordinador de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quishpe, opina que, con sus acusaciones contra el paro nacional, el Ejecutivo busca negar su responsabilidad por la violenta represión de las protestas. "El Gobierno, con su discurso del narcotráfico, busca evadir la responsabilidad política y [limpiar] sus manos, que están manchadas de sangre por el asesinato de seis ecuatorianos durante las movilizaciones", afirma.