El Consejo de DD.HH. de Marruecos denuncia que España no ayudó a los migrantes que murieron intentando cruzar la frontera hacia Melilla
El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos, afiliado al Gobierno, ha cuestionado el papel de las autoridades españolas en el asalto a la valla de Melilla, que ocurrió el pasado 24 de junio en la provincia marroquí de Nador.
En un informe preliminar difundido este miércoles, la institución indicó que a los migrantes no les proporcionaron la asistencia y el auxilio necesarios para evitar un uso excesivo de la violencia. "La Guardia Civil española patrulla a lo largo de la valla y vigila la frontera las 24 horas. Sin embargo, los sofisticados dispositivos de vigilancia no han logrado evitar que los migrantes la crucen; no se evitaron muertes", declaró.
De acuerdo con el reporte, unos 2.000 migrantes intentaron cruzar la frontera hacia Melilla, principalmente a través del punto de entrada del Barrio Chino. Al llegar a la estación de cruce, los migrantes quedaron en un espacio apretado; las puertas giratorias permanecieron cerradas, "lo que probablemente contribuyó al alto número de muertos y heridos", se indicó.
El CNDH subrayó que el incidente en Melilla "no tuvo precedentes en cuanto a su naturaleza, tácticas, alcance, número masivo de migrantes que intentaron cruzar, número de víctimas y heridos". Se detalló que el asalto costó la vida a 23 personas, en su mayoría originarios de Sudán y del Chad, y otras 217 resultaron heridas, entre ellas 140 elementos de las fuerzas públicas y 77 migrantes.
A su vez, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMHD), principal organismo independiente de este ámbito en el país, manifestó que el informe está incompleto y reiteró sus llamados para una investigación imparcial de lo sucedido, informa AP.
Respuesta de Madrid
Por su parte, el Ministerio del Interior de España señaló que "no entra a valorar las afirmaciones preliminares del CNDH" y afirmó que se actuó siguiendo los criterios de proporcionalidad.
"La Guardia Civil actuó en todo momento dentro del marco legal nacional e internacional, siempre con criterios de proporcionalidad y de pleno respeto a los derechos humanos, sin que pueda atribuirse a ninguno de los agentes ningún tipo de actuación contraria a ellos", aseguraron desde el organismo, recoge El País.