Un juez penal del circuito de Bogotá, Colombia, condenó a prisión a varias personas que integraban una red delictiva señalada de tramitar de manera ilegal permisos y distintas autorizaciones que les permitían a ciudadanos extranjeros transitar o permanecer en el país suramericano.
La Fiscalía General de la Nación informó que la estructura cobraba entre 3 millones y 30 millones de pesos colombianos (de 688 a 6.880 dólares) por falsificar "extractos bancarios, cédulas de ciudadanía, certificados de Cámara de Comercio, registros civiles, entre otros documentos", con el propósito de gestionar nacionalidades o la expedición de visas y pasaportes a migrantes que no cumplían los requisitos de ley.
Mediante preacuerdo, cinco de los integrantes de la organización aceptaron los cargos por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público y privado, y acceso abusivo a redes de información. Con ello, el juez los condenó a penas que oscilan entre cuatro y siete años de prisión.
Uno de los sentenciados es Jaime Quintero Pinilla, quien se desempeñó como director de Migración Colombia en el departamento de Tolima. Según la Fiscalía, este hombre usó su cargo para "ingresar y vulnerar los sistemas de la entidad, y tramitar directamente permisos a ciudadanos de China, Venezuela, Cuba, México y Ecuador".
Por estos hechos, Quintero Pinilla deberá cumplir una condena de seis años y ocho meses de prisión, además de pagar una multa equivalente a 130 salarios mínimos mensuales legales vigentes (130 millones de pesos o 29.817 dólares).
Aparte de Quintero, fueron condenados Paola Marcela Marín Cuevas, Julio César Campos Mozo, Liz Giovana Herrera Suárez y Giovanny David Ortiz Barraza.