La Rada Suprema de Ucrania despidió este martes a la fiscal general del país, Irina Venedíktova, y al jefe del Servicio de Seguridad (SBU), Iván Bakánov, después de que el presidente del país eslavo, Vladímir Zelenski, la semana pasada aprobara su destitución.
Este lunes, el jefe adjunto de la Oficina presidencial ucraniana, Andréi Smirnov, aseguró que de momento no se habla de despedir a Venedíktova y Bakánov, ya que la investigación al respecto sigue en curso, informan medios locales.
"Se debe a que el presidente y todos nosotros hemos estado esperando durante bastante tiempo resultados más concretos y, posiblemente, radicales de los líderes de estos organismos para limpiarlos de colaboradores y traidores del Estado", explicó Smirnov sobre la decisión de Zelenski.
Sin embargo, un día después, medios de comunicación reportaron el despido de Bakánov, aprobado por la Rada Suprema.
Ante las noticias, Bakánov publicó un carta de despedida en la cuenta de Telegram del Servicio de Seguridad, en la que aseguró que la agencia se esforzaba por "construir relaciones más transparentes con la sociedad" ucraniana.
Paralelamente, el líder del partido gobernante, David Arajamia, anunció en Telegram que, en una votación paralela, la Rada Suprema tomó la decisión de despedir a Venedíktova. No obstante, instó a la población a "no dejarse llevar por los rumores que surgen a causa de las rotaciones de personal en el Poder Ejecutivo", y afirmó que la fiscal general "permanece en el equipo", mientras que "su experiencia servirá al Estado en un nuevo lugar".
"Traición y actividades de colaboración"
Venedíktova fue destituida por Zelenski de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 11 de la Ley "Sobre el régimen jurídico de la ley marcial" que permite al presidente destituir a un funcionario de su cargo y asignar a otra persona por el período correspondiente.
Mientras, Bakánov fue destituido del cargo según el artículo 47 del Reglamento disciplinario de las FF.AA. de Ucrania que hace alusión al "incumplimiento o cumplimiento indebido de las obligaciones oficiales que conllevó pérdidas humanas u otras consecuencias graves o creó la amenaza de dichas consecuencias".
El propio mandatario ucraniano explicó que la medida se debe al hecho de que más de 60 fiscales y agentes del SBU han permanecido en los territorios controlados por Rusia y "están trabajando contra el Estado ucraniano".
Asimismo, detalló que, "al día de hoy, se han registrado 651 procedimientos penales con respecto a la traición y actividades de colaboración contra empleados de la Fiscalía, órganos de investigación preliminar y otros organismos policiales".