Líderes sindicales de Panamá denunciaron este martes al Gobierno por la dura represión que se ha desplegado contra las protestas que se desarrollan en el país, y reportó que hay un joven herido en la vista por un disparo de perdigón.
Desde el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), uno de los principales del país, responsabilizaron a las autoridades por la salud de un compañero de origen ngobe, que se encuentra hospitalizado en un centro asistencial de Veraguas, así como al "resto de los compañeros que están luchando".
A través de un video, un representante del Suntracs apuntó directamente al gobernador de Veraguas, Manuel Castillo Melamed, por lo que pueda ocurrir durante la represión.
La capital Panamá, Santiago y otras ciudades del país donde se desarrollan las manifestaciones se encuentran fuertemente militarizadas.
Pese a un principio de acuerdo del Gobierno con algunos sectores por la reducción del precio del combustible, las protestas continúan y se intensifican.
A su vez, los distintos sectores sociales y políticos que se manifiestan, exigen una única mesa de negociación con el Gobierno de Laurentino Cortizo.
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La Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas (Conapip), que agrupa a los siete pueblos indígenas de Panamá, así como el opositor Partido Panameñista, han coincidido en el llamado al Gobierno de discutir los temas que afectan al país en una mesa unificada que represente a todos los sectores.
El Gobierno, "comprometido con el diálogo permanente dentro de la base del respeto para promover la paz social y el bien común, reitera su compromiso de participar de la mesa única de diálogo", informó la Presidencia panameña en un comunicado difundido este martes.
Además, señaló que participará en una mesa de negociaciones promovida por organizaciones que mantienen protestas y bloqueos de rutas en rechazo al incremento del costo de la vida, en una de las mayores crisis sociales del país centroamericano.
El lunes, la administración de Cortizo alcanzó un entendimiento con la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) por el que el precio del combustible quedaba en 3,25 dólares por galón (3,7 litros). A cambio, pidió que se levantaran "los cierres a nivel nacional".
Panamá atraviesa una de las mayores crisis sociales desde que en 1989 cayó la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega tras la invasión estadounidense.