Una vez más, Puerto Rico podría definir en las urnas el estatus que tendrá de cara a EE.UU. De momento, las opciones serían tres: la independencia, la estadidad o la continuidad de la libre asociación.
Este miércoles, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el proyecto de ley para la celebración del plebiscito. El borrador fue presentado en mayo pasado por el líder de la mayoría demócrata de la Cámara, Steny Hoyer; la comisionada residente de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón; y la diputada Nydia Velázquez.
En el comité, la mayoría de los reparos fueron por parte de los republicanos, que presentaron 16 enmiendas. Sus reservas tenían que ver con el hecho de que la medida no fue atendida en vista pública ni referida a otras instancias del Congreso para su escrutinio, no obstante, el proyecto finalmente pasó con 25 votos a favor y 20 en contra.
Ahora la pieza legislativa se enfrenta a un duro debate en el Senado, donde las delegaciones están divididas a partes iguales (50-50) y se requieren al menos 60 apoyos para que siga adelante.
¿En qué consiste el proyecto?
El llamado 'Proyecto 8393' busca que Puerto Rico celebre una consulta el 5 de noviembre de 2023, que tenga el aval del Gobierno federal e incluya las opciones de obtener su independencia, convertirse en el estado 51 de EE.UU. o la libre asociación.
Lo novedoso de la iniciativa es que por primera vez se excluye la posibilidad de votar por el Estado Libre Asociado territorial, que es el estatus que rige en Puerto Rico desde hace 70 años. A pesar del esfuerzo de los republicanos por mantener esa opción en el plebiscito, la mayoría de los integrantes del comité la rechazaron.
Otro de los intentos de la bancada republicana fue pedir la inclusión de la opción 'ninguna de las anteriores' en la papeleta, pero su solicitud fue rebatida. Para el presidente del comité, Raúl Grijalva, dejar esa posibilidad en la consulta "sería lavarse las manos".
"Incluirla como una opción en la papeleta insinúa que hay alguna alternativa misteriosa para resolver permanentemente el estatus de Puerto Rico de una forma que sería compatible con la Constitución. Pero no hay ninguna opción desconocida por la que la gente pueda votar", aseveró Grijalva, citado por medios locales.
Excluidos y "discriminados"
El tema del cambio de estatus ha cobrado mayor fuerza en el debate político después de la quiebra de la isla en 2017 y las múltiples dificultades que ha tenido que afrontar, sin señales contundentes de apoyo por parte de EE.UU.
De hecho, aunque la deuda de más de 70.000 millones de dólares fue reestructurada meses más tarde y Puerto Rico salió de la bancarrota, la crisis ha persistido. El paso del huracán María en 2017, que dejó unos 3.000 muertos y más de 90.000 millones de dólares en pérdidas, no solo afectó a la población sino que lastró a la economía y dejó severos destrozos en la red eléctrica.
Además, a finales de 2019, cuando la isla intentaba recuperarse del desastre, una serie de sismos afectó la región sur. Posteriormente, la actividad económica se paralizó por la pandemia del coronavirus y, ahora, con la crisis mundial agravada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el panorama es complejo para las finanzas públicas de un territorio que no goza de autonomía, ni tampoco de un trato de iguales por parte de Washington.
Este mismo año, la Corte Suprema de EE.UU. se negó a extender los beneficios sociales del país a los residentes de Puerto Rico, a pesar de que el estatus de 'estado libre asociado' le confiere la nacionalidad estadounidense a los ciudadanos de la isla.
Para el actual gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, la decisión de la corte comprobaba que la condición territorial de su país era "discriminatoria para los ciudadanos americanos en la isla", y le daba carta blanca al Congreso del país norteamericano para decidir lo que quisiera sobre el destino de los boricuas.
"Claramente nuestro pueblo, particularmente los más vulnerables, sufren las consecuencias de ese trato desigual bajo la bandera americana", dijo Pierluisi en abril, tras denunciar que la exclusión de los programas de este tipo también se extiende a planes como Medicaid, Medicare y los de asistencia nutricional.
Pero mientras la Justicia estadounidense rechaza otorgar beneficios sociales a los puertorriqueños, los políticos conservadores insisten en que Washington mantenga una situación hegemónica en la isla, más allá del resultado del plebiscito.
En el debate en comisiones, los republicanos pidieron garantías de que el Gobierno puertorriqueño pagaría la deuda antes de implementar cualquiera de las opciones votadas. Del mismo modo, plantearon que China no pudiera brindar ningún tipo de asistencia económica a la isla (en caso de que opte por su soberanía) y que las bases militares sigan instaladas en ese territorio.
"No podemos permitir a un territorio dejar atrás su estatus y asumir autonomía solo para verlo convertirse en un soberano atado a una amenaza económica y militar como China", aseveró Matt Rosendale, miembro de la Cámara de Representantes.
Por su parte, Bruce Westerman planteó que se le retire a Puerto Rico la disposición que le otorga 20 años para recibir fondos federales en bloque, en caso de que opte por su soberanía. No obstante, su objeción fue rebatida por la congresista demócrata, Nydia Velázquez.
Para ella, ese plazo es "lo mínimo" que el Gobierno de EE.UU. puede hacer por la isla, después de más de un siglo de dominio colonial. Además, advirtió que en caso de que se presentara un proyecto más audaz, Puerto Rico podría beneficiarse de "reparaciones" económicas.
El cariz de las discusiones en comisiones es apenas la antesala del debate que habrá en instancias superiores, ya que la independencia o el cambio de estatus acarrearía consecuencias para EE.UU. en el ámbito político, económico y estratégico. En Puerto Rico, mientras tanto, el gobernador apuesta a que el territorio se convierta en el estado número 51, lo que a su juicio erradicaría el estatus colonial que padece la isla.
Ese planteamiento tiene sus puntos débiles a raíz de los últimos acontecimientos. Hace casi dos años, en noviembre de 2020, Puerto Rico celebró un referendo que culminó con 53 % de votos a favor de la estadidad. ¿Qué pasó entonces? Los comicios no fueron reconocidos por la administración de EE.UU. y solo contaron con la participación de la mitad de la población.
Movimientos sociales que respaldan la independencia consideran que el proceso político del territorio debe ser protagonizado por su propia gente, sin imposiciones externas. "La idea de que el Gobierno estadounidense tiene derecho a controlar los mecanismos de nuestra autodeterminación es peligrosa", sostuvo el mes pasado Benjamín Ramos, del grupo ProLibertad Freedom Campaign, durante una reunión del Comité de Descolonización de la ONU.
Y es que en el sustrato de las discusiones permanece el derecho de Puerto Rico a su independencia y libre determinación, reconocido en numerosas oportunidades por las Naciones Unidas, pero que sigue siendo una cuestión irresoluta.
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