Este jueves se ha producido un nuevo giro de guion en el caso del conocido como pistolero de Tarragona, que el pasado mes de diciembre hirió de bala a cinco personas en esa ciudad española y que actualmente se encuentra interno en el Centro Hospitalario Penitenciario de Terrassa, en la provincia de Barcelona.
Un juez ha decidido suspender su eutanasia, que estaba prevista que se le aplicara a finales de este mes, para estudiar un recurso presentado por varias de sus víctimas, que argumentan que sobre el derecho a una muerte digna del acusado prevalece el derecho de las víctimas a ser resarcidas, por lo que primero debería ser juzgado.
Un tiroteo por venganza
El caso comenzó el pasado 14 de diciembre, cuando el exvigilante de seguridad Marin Eugen Sabau, de 46 años, ingresó en las oficinas de la empresa de la que había sido despedido y comenzó a disparar a sus excompañeros. Tres personas resultaron heridas por un acto motivado por sus deseos de venganza.
A continuación, Sabau huyó y se atrincheró en una casa abandonada, donde fue detenido después de un intercambio de disparos en el que hirió a dos policías. El propio agresor resultó también herido por disparos en brazos y piernas, que le produjeron una lesión medular irreversible.
Eutanasia programada para el 28 de julio
Desde entonces se encuentra ingresado en el centro hospitalario de Terrasa, desde el que ha enfrentado un proceso en el que se le acusa de tentativas de homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas. Desde allí solicitó la eutanasia, que tuvo la aprobación de los médicos y el visto bueno de una jueza a comienzos de este mes. La eutanasia fue programada para el 28 de julio.
Los dos agentes heridos de los Mossos d'Escuadra, la Policía regional catalana, que ejercen la acusación particular en su causa, se opusieron a esta decisión y presentaron una apelación en la que solicitan la paralización de la eutanasia para que el acusado pueda ser juzgado.
Derecho a una muerte digna vs. derecho a la tutela judicial efectiva
La jueza que decidió autorizar la eutanasia el pasado 6 de julio sostenía que la muerte digna es un "derecho fundamental" y que en la legislación no se prevé de manera específica la eutanasia aplicada a personas que se hallen en situación de prisión provisional o sujetas a un procedimiento judicial, por lo que un juez de instrucción no puede interferir en un proceso regulado por una ley orgánica sobre derechos fundamentales.
Por su parte, el sindicato USPAC, que representa a los dos 'mossos' heridos, ha recurrido esta resolución y también ha solicitado que el juzgado eleve una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que aclare si la ley de eutanasia puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas.
Por su parte, la defensa de Eugen Sabau presentará un recurso en los próximos días contra la decisión de paralizar el proceso de eutanasia.