El presidente de Perú, Pedro Castillo, cumple un año al frente de un Gobierno que ha estado acosado por escándalos, denuncias por presunta corrupción que ya llegaron hasta los tribunales, rupturas políticas, pedidos de renuncia o destitución y una debilidad institucional que genera frecuentes dudas sobre su permanencia en el poder.
La ilusión que provocó en los sectores más postergados de Perú la llegada al poder de este maestro de 52 años se ha diluido rápidamente en estos 12 meses. Hoy, de acuerdo con varias encuestas, apenas el 20 % de la ciudadanía aprueba su gestión. Está muy lejos del 50,1 % de los votos que le permitieron ganar la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori y colocarse la banda presidencial el 28 de julio del año pasado.
Un día después de asumir, Castillo presentó a su gabinete encabezado por Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros que comenzaría un desfile inédito en un cargo decisivo que, un año después, ya ha sido ocupado por otros tres políticos: Mirtha Vázquez, Héctor Valer y Aníbal Torres. En el Ministerio del Interior ya ha habido seis titulares.
La primera baja fue la del canciller Héctor Béjar, quien tuvo que renunciar al cargo el 17 de agosto, a solo dos semanas de asumir, y luego de que saliera a la luz una entrevista en la que culpó a la Marina de haber incitado el terrorismo que padeció Perú en los años 80 y 90.
A nivel general, Castillo le ha tomado juramento a más de 60 funcionarios de primer nivel, una cifra récord que simboliza la inestabilidad de un gabinete envuelto en controversias interminables, como las del ministro del Trabajo, Iber Maraví, que fue acusado de vinculaciones con el terrorismo; el ministro del Interior, Luis Barranzuela, con fiestas que violaban la cuarentena; o el ministro de Educación, Carlos Gallardo, quien supuestamente vendió exámenes que permitían acceder a cargos docentes.
Ellos y decenas más de ministros tuvieron que renunciar a puestos que ocuparon algunas semanas, incluso días, ya fuera por denuncias de corrupción o mala gestión, o por inconformidad con el Gobierno.
La crisis de Castillo ha sido una constante. Desde que comenzó a gobernar, según el diario El Comercio, ha habido un nuevo escándalo cada 36 horas. En total, el matutino contabiliza 237 polémicas que han minado a un presidente que, además, ya rompió con el partido que lo llevó al poder.
Fragilidad política
Castillo ganó las elecciones al amparo de Perú Libre, un partido de izquierda liderado por Vladimir Cerrón. La tensión entre ambos fue evidente desde el principio, ya que la prensa especulaba con el verdadero peso que el dirigente partidario tendría en el Gobierno.
Aunque Castillo lo negó, con el paso de los meses fue evidente la influencia de Cerrón en los nombramientos de funcionarios. Pero la rivalidad se fue acrecentando hasta que, a fines de junio, el presidente presentó su "renuncia irrevocable" a Perú Libre.
Así, el mandatario se quedó cada vez más solo, por izquierda y por derecha. El acoso de su expartido se sumó a la presión de la oposición fujimorista y de otros partidos que comenzaron a promover su destitución desde el primer minuto en que juró como presidente.
En diciembre, cinco meses después de comenzar a gobernar, los opositores lograron que el Congreso debatiera el primer pedido de vacancia, el mecanismo institucional que existe en Perú para inhabilitar a los jefes de Estado por "incapacidad moral". Aunque no lograron los votos necesarios para avanzar con el procedimiento, la fragilidad de Castillo se fue profundizando.
Pasaron solo tres meses más para que el presidente enfrentara el segundo pedido de vacancia. Ahora sí, el trámite se admitió y Castillo tuvo que defenderse ante los congresistas. Luego de exponer durante más de cinco horas, la mayoría de los parlamentarios votó a favor de que siguiera en el cargo.
La presión política ha ido a la par de la presión judicial. Durante este año, la Fiscalía de la Nación ya inició cinco investigaciones en contra de Castillo con cargos que van de tráfico de influencias y encubrimiento, hasta el plagio de su tesis de maestría, irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas y por un presunto sistema de corrupción que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante los primeros meses de su mandato.
Más polémicas
Uno de los personajes más controvertidos del gabinete sigue siendo Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros que en abril pasado elogió a Adolfo Hitler al considerar que "convirtió a Alemania en una potencia". Después de una oleada de repudios, insistió y afirmó que hasta el criminal más avezado puede hacer "cosas positivas".
Pero quien protagoniza los escándalos más graves es el propio presidente. En octubre pasado, por ejemplo, la prensa descubrió que la familia había festejado el cumpleaños de su hija menor en el Palacio del Gobierno, lo que violaba las restricciones impuestas por la pandemia. El mandatario aseguró que no sabía nada del festejo y que se enteró a último momento, cuando escuchó "la bulla".
En noviembre, su imagen se deterioró todavía más cuando el programa televisivo Cuarto Poder reveló, a través de una serie de videos, que Castillo realizaba reuniones clandestinas en su casa con funcionarios, empresarios y exministros. Una de las invitadas era Karelim López, una empresaria que había logrado que compañías que representaba obtuvieran concesiones del Estado. Hoy, todos los involucrados forman parte de una investigación judicial por corrupción.
A ello se suma el pedido de captura internacional en contra del exsecretario del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco (quien el martes se entregó el martes a la justicia y ya comenzó a confirmar el circuito de presunta corrupción); el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva; y el sobrino de Castillo, Fray Vásquez. Los tres están acusados de haber formado parte de una organización criminal que habría recibido millonarios sobornos para adjudicar concesiones a determinadas empresas.
Por otra parte, en enero pasado Castillo ofreció su primera entrevista internacional a CNN, pero solo ayudó a exacerbar las críticas a su Gobierno, ya que reconoció que no se había formado para ser político, mucho menos presidente. También anunció que podría someter a consulta popular la posibilidad de que Perú le otorgara a Bolivia acceso al mar. La oposición lo acusó de traición a la patria.
Para fines de marzo, el Gobierno volvió a quedar en la cuerda floja a raíz de un paro del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores en protesta por el alza en el precio de los combustibles. En los días siguientes el país se convirtió en un caos, con bloqueos en las carreteras, saqueos, enfrentamientos y manifestaciones masivas.
El 5 de abril, Castillo decretó por la madrugada un toque de queda que obtuvo un repudio generalizado. Miles de personas se rebelaron y salieron a las calles a exigir la renuncia del presidente, quien horas más tarde se vio forzado a derogar el estado de emergencia.
La oposición mediática y partidaria dio por hecho su salida anticipada del poder. En medio de la fuerte crisis política, algunas voces apostaron por el cierre del Congreso y por la creación de una Asamblea Constituyente. El sector que todavía apoya a Castillo acusó a "la derecha golpista" de querer derrocar a un gobierno democráticamente electo.
Desde entonces, la oposición ha reiterado un llamado a elecciones anticipadas que el presidente y los escasos aliados que tiene todavía resisten.
La presión se reflejó de nuevo esta semana de aniversario con la designación de Lady Camones como nueva presidenta del Congreso, ya que la dirigente advirtió que dará todas las facilidades a la Fiscalía para investigar a un presidente que tiene poco margen para festejar el primer año de un Gobierno que sigue en la cuerda floja.
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