La solicitud que finalmente hizo EE.UU. el pasado 20 de julio para activar el mecanismo de consultas del T-MEC estaba más que anunciada.
Desde por lo menos el año pasado, tanto funcionarios del Gobierno como legisladores de ambas Cámaras no solo cuestionaron, sino rechazaron, la política energética implementada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Una vez activado el mecanismo, son 75 días los contemplados para llevar a cabo un diálogo entre las partes y buscar llegar a un acuerdo. El plazo puede ampliarse.
Para el Gobierno de la denominada 'Cuarta Transformación' las diferencias con EE.UU. con respecto al sector energético no son solamente de tipo administrativo o técnico, como se sostiene en la mayoría de los análisis sobre el tema. Se trata de la defensa de un modelo de desarrollo que definirá el rumbo de la nación latinoamericana.
Un país de puertas abiertas a la inversión extranjera sin restricciones y con creciente dependencia hacia el exterior, o un país soberano, con capacidad de decisión sobre sus políticas y recursos naturales.
El eterno diferendo
Es sabido que la política energética del presidente López Obrador no gusta en los círculos empresariales de EE.UU.
Ya desde que era candidato a la presidencia, hombres de negocios de la Unión Americana miraban con recelo sus propuestas para el sector.
En septiembre de 2017, en una de sus visitas a Nueva York, López Obrador se reunió con consejeros, inversionistas y clientes de JP Morgan, un encuentro donde se buscaba despejar dudas en torno a sus planteamientos.
Había incertidumbre en el exterior sobre si, en caso de resultar electo presidente, echaría abajo la reforma energética de 2013, como había prometido en marzo de 2014, cuando hizo un 'juramento patriótico' para "luchar sin tregua ni descanso" (sic) hasta conseguir ese objetivo.
Una iniciativa cuyos cambios habían implicado abrir la puerta a la inversión privada en rubros que hasta entonces habían permanecido reservados para el Estado.
Hay que recordar que en noviembre de 2013, antes de promulgarse la reforma, AMLO envió una carta a Rex Tillerson, en ese entonces director de la petrolera estadounidense Exxon Mobil Corporation y quien más tarde se convertiría en titular del Departamento de Estado en la Administración de Donald Trump.
En la misiva, el en ese entonces líder de la oposición en México advertía que, "firmar contratos de utilidad compartida o invertir en refinación, la petroquímica, el gas y la industria eléctrica, sería como comprar mercancía sin factura, algo chueco, propio de la piratería".
Por tal razón es que en 2017, a medida que la popularidad de AMLO 'subía como espuma' en las encuestas rumbo a la elección del año siguiente, aumentaba el temor entre empresarios estadounidenses sobre el futuro de las inversiones en el sector energético.
Lo conversado en Nueva York, 'meca del capital financiero', se mantuvo bajo reserva. Sin embargo, meses después, ya en campaña, López Obrador precisó que se "respetarían los contratos" en caso de llegar a la presidencia.
En el capítulo ocho del acuerdo comercial quedó establecido que la nación latinoamericana iba a seguir ejerciendo su soberanía sobre recursos energéticos, reservándose el derecho de hacer cambios a su Constitución y legislación interna.
Aseveró también, sin embargo, que había que adoptar una "nueva" política energética para "rescatar" al sector de la "crisis" en la que se encontraba tras décadas de "saqueo neoliberal".
Aun con la privatización a cuestas producto de la reforma constitucional de 2013, AMLO intentó maniobrar para evitar la debacle de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De ahí que, desde la segunda mitad de 2018, meses antes de su toma de posesión, buscó garantizar que no hubiera trabas que le impidieran hacer algunos ajustes en el sector.
Para esa misión designó a Jesús Seade como representante en la mesa de negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Seade, actualmente embajador de México en China, logró en ese momento sacar del limbo las negociaciones y, finalmente, alcanzó un acuerdo con los Gobiernos de Canadá y EE.UU. para suscribir un pacto comercial con nuevas reglas, el T-MEC.
Uno de los puntos clave de las negociaciones fue que López Obrador solicitó la incorporación de un capítulo especial, sobre la política energética de México, hoy motivo de controversia con EE.UU. y Canadá.
En el capítulo ocho del acuerdo comercial quedó establecido que, con independencia de que México suscribiera el T-MEC, la nación latinoamericana iba a seguir ejerciendo su soberanía sobre recursos energéticos, reservándose el derecho de hacer cambios a su Constitución y legislación interna.
La inclusión de este apartado, de acuerdo con la versión del propio AMLO, fue aceptada por Donald Trump sin mayores resistencias. De ahí que, según el Gobierno mexicano, las exigencias de sus socios comerciales no son procedentes, ya que la política energética no contradice las reglas del T-MEC.
Lo que exigen desde Washington
Las inconformidades de la administración de Joe Biden son cuatro, de acuerdo con un documento publicado por la representación comercial de EE.UU.
En primer lugar, se sostiene que la política energética de López Obrador "socava" a las empresas estadounidenses que invierten en las denominadas "energías limpias".
De acuerdo con Washington, toda vez que se le da "preferencia" a la energía que genera la CFE sobre la que producen empresas privadas, "se viola la libre competencia".
La representación comercial de EE.UU. asegura que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021 da "preferencia" a la empresa pública de suministro eléctrico, una situación que es "incompatible" con las reglas que establece el T-MEC.
Otra de las quejas es que el Gobierno de López Obrador ha venido poniendo "trabas" a la hora de otorgar permisos. Se niegan o retrasan y, en algunos casos, se revocan licencias que ya habían sido otorgadas.
Para el Gobierno de López Obrador dar marcha atrás implicaría suprimir uno de los pilares de su proyecto político y, con ello, poner en riesgo la denominada 'Cuarta Transformación'.
Una tercera inconformidad es que la empresa pública Pemex está "exenta" de algunas reglas de contaminación, específicamente, a través de una regulación de 2019 que le permite comprar y vender diésel con un alto contenido de azufre hasta 2024.
Finalmente, la última queja tiene que ver con que la Secretaría de Energía tomó la decisión de dar "ventajas" a Pemex y CFE para el uso de la red de gasoductos.
Aunque no se expresa de manera abierta, es evidente que desde EE.UU. se está exigiendo que el Gobierno mexicano revierta su política energética.
Pero para el Gobierno de López Obrador dar marcha atrás implicaría suprimir uno de los pilares de su proyecto político y, con ello, poner en riesgo la denominada 'Cuarta Transformación'.
México responde que inversión extranjera es bienvenida, pero sin comprometer soberanía
Más que rechazar la inversión extranjera directa, particularmente la proveniente de EE.UU., todo indica que desde la administración de Joe Biden buscan no solo participar, sino dominar el mercado energético mexicano.
Así lo sostuvo a mediados de abril Rosío Vargas Suárez, consejera independiente de la CFE, en una entrevista con RT. Los reclamos por parte de EE.UU. obedecen a que "busca imponer su hegemonía", aseguró.
La investigadora especializada en temas de energía explicó que había una "enorme cantidad de rubros" donde empresas estadounidenses habían sido invitadas a invertir, por ejemplo, en la construcción de la Refinería Olmeca.
De hecho, a mediados de este mes un alto funcionario del Gobierno mexicano anunció inversiones privadas en el sector energético, que superan los 3.500 millones de dólares, donde participarán empresas de origen estadounidense.
Estos proyectos, puntualizó el funcionario de la Secretaría de Hacienda, se firmaron de forma conjunta el 1 de julio, el mismo día de la inauguración de la Refinería Olmeca, localizada en el municipio de Dos Bocas, Tabasco.
El primero de estos proyectos es uno de capital conjunto entre Pemex y la empresa New Fortress Energy, con una inversión de 1.500 millones de dólares en un campo de gas.
El segundo, que contempla una inversión 2.200 millones de dólares, es un proyecto de 'riesgo compartido' donde participa la CFE y, otra vez, New Fortress Energy.
Finalmente, aunque sin detalles de los montos de inversión y entes participantes, el Gobierno de AMLO anunció que estaban en puerta por lo menos 18 proyectos en petróleo, gas y electricidad donde participarán empresas privadas.
De suerte tal que, por donde se le vea, el argumento de quienes alegan desde EE.UU. que el Gobierno de López Obrador "bloquea" la inversión extranjera, no se sostiene.
Inversiones adicionales se pactaron durante la visita del mandatario mexicano a Washington, a mediados de este mes. Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle.
De hecho, la Administración de López Obrador está incluso prestando apoyo al Gobierno estadounidense, en medio de una coyuntura económica y política muy complicada para el presidente Joe Biden, quien registra un alto nivel de desaprobación.
Durante su visita a Washington y, ante el alza de los precios de la gasolina en la Unión Americana, el mandatario mexicano ofreció a su homólogo estadounidense incrementar las exportaciones para garantizar el abasto.
Y no solo eso. También puso a disposición de EE.UU. unos 1.000 kilómetros de la red de ductos localizada en la frontera para trasportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California y hacer frente a la próxima temporada de invierno.
Para la Administración de Joe Biden, sin embargo, esta 'tendida de mano' no ha sido suficiente. Todo apunta a que el objetivo no es sino desarticular la política energética de México utilizando las reglas del T-MEC como 'punta de lanza'.
Una vez activado el mecanismo de consultas, en caso de no llegar a un arreglo el siguiente paso será elevar las quejas a un panel de solución de controversias, una instancia donde, en la mayoría de los casos, Washington obtiene resoluciones a su favor.
El presidente López Obrador ya adelantó que dará respuesta a los reclamos en contra de su política energética el próximo 16 de septiembre, cuando México celebrará el 212 Aniversario de su Independencia.
Ariel Noyola Rodríguez
@noyola_ariel