El juicio en el que la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, está acusada de haber encabezado una asociación ilícita junto con su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, entró este lunes en su recta final con el inicio de los alegatos del fiscal Diego Luciani, quien expondrá durante nueve sesiones.
Luciani expuso en una audiencia virtual, con la presencia remota de la exmandataria y del resto de los acusados, y en medio de una fuerte expectativa política y periodística acerca de un proceso que comenzó hace tres años.
Durante la primera parte de su exposición, el fiscal lanzó duras acusaciones frente a los acusados y los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, los miembros del Tribunal Oral Federal 2 que emitirán su sentencia a fines de este año.
"Este Ministerio Público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares", afirmó Luciani, quien de inmediato se transformó en una estrella de la prensa y políticos opositores que presionan desde hace años para que Fernández de Kirchner sea condenada.
"Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos (...) al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país", afirmó.
Según Luciani, a Lázaro Báez –un empresario que fue amigo personal de Kirchner y que ya ha sido condenado en otras causas– se le benefició con el otorgamiento de 51 contratos de obra pública, que implicaban montos millonarios a través de licitaciones falsas.
En total, a través de su empresa Austral Construcciones, Báez se quedó con el 78,5 % de los proyectos de Santa Cruz, la provincia ubicada en el extremo patagónico de Argentina y que Kirchner gobernó desde 1991 hasta 2003.
Críticas
"La corrupción parasitó todos los controles (…) vamos a probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó un perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos", acusó el fiscal.
Luciani criticó a la Unidad de Información Financiera (UIF), que el mes pasado desestimó la causa y pidió la absolución de la expresidenta y del resto de los exfuncionarios implicados.
"El trabajo de la UIF fue temerario, vago, impreciso y carente de rigurosidad, no valoraron la prueba (…) la tergiversaron, debió explicar, por lo menos mínimamente, por qué descartó la cuantiosa prueba", señaló.
Al describir la asociación ilícita que presuntamente funcionó desde el Estado, precisó que tenía capacidad de acción, reparto de roles de manera organizada y la ausencia absoluta de control de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar mecanismos de corrupción.
Nueve jornadas
Esta fue apenas la primera de las nueve jornadas en las que el fiscal expondrá sus alegatos contra Fernández de Kirchner, el exministro de Planifcación Julio de Vido y el empresario Lázaro Báez, quienes se enfrentan a una posible pena de hasta seis años de prisión por el delito de defraudación a la administración pública.
Todos tendrán la posibilidad de declarar por ante el tribunal, una vez que el fiscal termine con su argumentación.
Se prevé que el tribunal dé a conocer su condena a finales de este año. Después, el fallo puede apelarse ante la Cámara Federal de Casación y, finalmente, ante la Corte Suprema. En ese sentido, la expresidenta denunció el mes pasado que la sentencia en su contra "ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada".
Desde que terminó su presidencia en diciembre de 2015, Fernández de Kirchner ha enfrentado una decena de investigaciones judiciales, pero en la mayoría ya fue sobreseída por inexistencia del delito. Solo la causa que se reanudó este lunes ha llegado a la instancia de un juicio oral y público.
Además de negar cualquier delito, la exmandataria ha insistido en múltiples ocasiones en que, al igual que otros líderes políticos de la región, es víctima de una persecución judicial que busca proscribirla e impedir que vuelva a postularse a cargos públicos.