Gobernadores, intendentes, diputados, senadores, ministros, sindicalistas y militantes comenzaron una campaña para defender a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la etapa final de un juicio en el que se le acusa de corrupción y que, en caso de ser condenada, puede impedir que vuelva a postularse a un cargo público.
"Todos con Cristina", fue el lema impuesto en las redes sociales y desde el lunes, luego de que el fiscal Diego Luciani denunciara, en un duro alegato, que la expresidenta habría encabezado junto con su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, "una de las matrices más extraordinarias de corrupción".
En los mensajes, los defensores de Fernández de Kirchner mencionaron de manera insistente la cobertura judicial de la que goza el expresidente Mauricio Macri, recordaron que la mayoría de las causas contra la vice se cayeron por falta de pruebas y advirtieron que, en caso de ser necesario, las masas saldrán a las calles a defenderla.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al "lawfare", es decir, la persecución judicial –que han denunciado líderes de izquierda o progresistas de América Latina en los últimos años– que tendría como objetivo impedir que algún político vuelva a ocupar cargos públicos.
"El Partido Judicial que garantiza impunidad a Macri y protege los privilegios de unos pocos, persigue e intenta proscribir a la presidenta coraje que desafía al poder real para cuidar al pueblo argentino. Despabilémonos", aseguró la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
La diputada Mara Brawer recordó que esta persecución ya la vivieron Juan Domingo y Eva Perón, los fundadores de uno de los movimientos políticos más importantes en la historia de este país.
"Los garantes de la impunidad de Macri hoy persiguen a Cristina. No pudieron entonces, ahora tampoco", afirmó.
Sin justicia
El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, advirtió que la intención es proscribir a Fernández de Kirchner, en tanto que el secretario general de la Asociación Bancaria, Omar Pallazzo, consideró que "el poder económico y sus terminales en la justicia" ya están en campaña, en referencia a las elecciones generales del próximo año.
"Los garantes de la impunidad de Macri persiguen a Cristina e intentan amedrentar al pueblo. Pero ningún poder fáctico, ni el económico, ni el mediático, ni el judicial, puede contra la fuerza del amor, la convicción y la organización colectiva", acusó, por su parte, la diputada Paula Penacca.
A tono con las denuncias que ha hecho la propia vicepresidenta, el diputado Leandro Santoro señaló que a jueces y fiscales no les interesa la verdad ni la justicia. "Buscan demonizar a Cristina para disciplinar a toda la política para el futuro. Sepan algo, No van a poder", dijo.
Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, reiteró su total apoyo a Fernández de Kirchner y consideró que "esta escandalosa persecución" a la principal líder política del país es inadmisible. El ministro de Hábitat a nivel nacional, Jorge Ferraresi, recordó que el 'lawfare' nunca amedrentó a la vicepresidenta.
"La Argentina necesita una Justicia independiente, transparente, ágil y cercana a la gente", consideró el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien añadió que Fernández de Kirchner es víctima, justamente, de todo lo contrario.
"La vamos a defender en la calle o donde sea", anticipó el secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina, Hugo Yasqui.
La campaña continuó este martes y se intensificará en las próximas semanas, ya que serán decisivas en el único caso contra la exmandataria que ha llegado a la instancia de juicio oral.
Acusaciones
La vicepresidenta es la protagonista de lo que se ha denominado como la "causa vialidad", ya que se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, ya bajo el Gobierno de Macri, para investigar la adjudicación de millonarias obras públicas en la provincia de Santa Cruz, el feudo político de la familia Kirchner desde los años 90.
Néstor Kirchner gobernó la provincia desde 1991 hasta 2003, año en el que se convirtió en presidente. Según el fiscal, a partir de entonces la pareja armó un esquema de corrupción para favorecer con millonarios recursos públicos a Lázaro Báez, un empresario amigo que ya fue condenado en otras causas y hoy sigue en prisión.
En el juicio, que comenzó en mayo de 2019 y terminará a finales de este año, a Fernández de Kirchner se le acusa de haber sido la jefa de una asociación ilícita dedicada a direccionar la obra pública de Santa Cruz en beneficio de Báez. Además hay otros 12 acusados entre empresarios y exfuncionarios.
La víspera, el fiscal Diego Luciani provocó un revuelo político al iniciar sus alegatos en una audiencia virtual en la que la vicepresidenta participó vía remota.
"Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país", acusó.
El fiscal aseguró que, a lo largo de las nueve sesiones que tendrá para culminar con su alegato, expondrá pruebas y detallará las irregularidades de los 51 contratos adjudicados a Báez en los años en el que los Kirchner fueron presidentes.
La oposición celebró el discurso de Luciani, al dar por probada de antemano la culpabilidad de la vicepresidenta, en tanto que desde el oficialismo señalaron que solo se trató de un show mediático que busca consolidar una persecución.
Antes, Fernández de Kirchner ya había denunciado que la condena en su contra ya estaba escrita y firmada de antemano.