El titular del Ministerio de Hacienda de El Salvador, Alejandro Zelaya, afirmó en entrevista con Efe que el Gobierno Nayib Bukele respetará las "reglas del juego" del mercado, en el marco de la compra anticipada de bonos de deuda soberana que vencen entre 2023 y 2025.
El Gobierno salvadoreño intenta calmar cualquier crítica por la incertidumbre generada tras anunciar que el Estado compraría su propia deuda, descartando así que el país centroamericano se encamine al 'default' en medio de la abrupta caída del bitcóin, a la que le invirtieron un total de 103 millones de dólares desde el año pasado y cuyo valor ha ido a la baja.
Así, cuando El Salvador anunció la adquisición de los bonos de deuda soberana, Bukele afirmó que lo harían "al precio de mercado", es decir, considerando que "el precio de mercado probablemente subirá" una vez que arranque el proceso de recompra.
La estrategia de Bukele
En 2023, el Estado salvadoreño debe pagar 800 millones de dólares en eurobonos y la misma cantidad en 2025.
En un primer movimiento, la mayoría bukelista en el Congreso aprobó que el Banco Central de Reserva (BCR) utilizara 265 millones de los Derechos Especiales de Giro (DEG) —equivalentes a 360 millones de dólares—, que fueron asignados al país por el Fondo Monetario Internacional (FMI), para pagar la deuda adquirida por administraciones pasadas.
Asimismo, la bancada oficialista en el Congreso aprobó otra iniciativa para cubrir una parte de los bonos por medio de un préstamo por 200 millones de dólares que fue otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Se espera que en septiembre próximo se realice la primera compra anticipada de los bonos emitidos en mercados internacionales, que vencen en 2023. De momento, el Gobierno salvadoreño no ha informado cuál será el banco privado que funcionará como "estructurador" en la operación de recompra.
¿Medida suficiente?
La estrategia de la Administración de Bukele ha generado dudas en el sector.
El economista senior Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explicó que el problema financiero del Gobierno salvadoreño va más allá del vencimiento de estos 800 millones de dólares en bonos de deuda soberana, ya que este año vencen más de 1.200 millones de dólares en deuda de corto plazo y "debe conseguir dinero para financiar los déficits fiscales" de 2022, 2023 y 2024.
"Aunque parezcan jugadas interesantes, mientras no se cuente con una estrategia fiscal con medidas de corto, mediano y largo plazo en el área de ingresos y gastos, se continuará con una política fiscal de sobrevivencia, que no posibilita una mejora en el bienestar de la mayoría de la población", apuntó Castaneda en un reciente análisis publicado en el sitio web del Icefi.