Bukele afirma que El Salvador pasó de ser el país más peligroso de la región al "más seguro de América Latina"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este martes que su país pasó de ser el más peligroso del mundo al "más seguro de América Latina", un logro que atribuyó a su llamada "guerra contra pandillas".

Esa política de seguridad arreció desde marzo pasado, cuando Bukele solicitó al Congreso que decretara un polémico estado de excepción que permite efectuar detenciones sin autorización judicial y suspende algunos derechos y libertades constitucionales.

Desde entonces, según datos de las autoridades salvadoreñas, hasta finales de julio fueron detenidas bajo ese régimen más de 46.000 presuntos pandilleros y con ello las cifras de violencia letal habría disminuido significativamente, al punto de registrar varios días sin homicidios.

El régimen excepcional ha sido extendido en varias ocasiones por el parlamento salvadoreño. La prórroga más reciente entró en vigencia el pasado 24 de julio, luego de que la Asamblea votó por amplia mayoría a favor de la medida que se aplicara por 30 días más "para asegurar el bienestar de la población".

Sin embargo, la política de seguridad de Bukele ha sido criticada por familiares de los detenidos, quienes han efectuado protestas y marchas para denunciar que dentro del régimen de excepción se han realizado "detenciones arbitrarias" contra "personas inocentes", por las que exigen su liberación inmediata.

La gigantesca cárcel para 40.000 reos que construye Bukele en El Salvador (y que promete entregar en dos meses)

Las presuntas "detenciones arbitraras" habrían ocurrido en vista de que el estado de excepción prevé la suspensión de la libertad de asociación, del derecho a la defensa, así como la extensión del plazo de las encarcelaciones preventivas y la intervención de las comunicaciones.

Esta situación ha puesto en alerta a organismos internacionales, que denuncian supuestas violaciones a los derechos humanos. Los señalamientos han sido negados de manera reiterada por la administración salvadoreña, que incluso se ha mostrado abierta a la posible verificación de la ONU.