La llamada "guerra contra pandillas" que ejecuta el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador promedia unas 16 capturas por hora durante el régimen de excepción, que está vigente desde marzo pasado.
El gobierno salvadoreño informó que desde el 27 de marzo hasta el 1º de agosto han sido capturadas 48.494 personas, que las autoridades catalogan como "terroristas", todas detenidas dentro del polémico estado excepción que permite efectuar aprehensiones sin autorización judicial y suspende algunos derechos y libertades constitucionales.
Ese total representa un promedio diario de casi 385 personas detenidas. Según las estadísticas gubernamentales, en ese plazo las autoridades han logrado incautar 1.198 armas de fuego; 1.427 vehículos; más de un millón de dólares provenientes "de actividades ilícitas"; y drogas valoradas en más de 230.000 dólares.
Las cifras son destacadas por el gobierno como positivas, al asegurar que con la "guerra contra pandillas", los salvadoreños ahora podrán disfrutar "de las vacaciones más seguras de las últimas seis décadas".
De hecho, Bukele asegura que El Salvador pasó de ser el país peligroso al "más seguro de América Latina", considerando que las cifras de violencia letal han disminuido al punto de registrar varios días sin homicidios.
Pero en contraste al optimismo de Bukele, la política de seguridad es criticada por familiares de los detenidos, quienes protestan contra el régimen de excepción y denuncian que en ese periodo se han realizado "detenciones arbitrarias" contra "personas inocentes", por las que exigen su liberación inmediata.
Presuntas violaciones a los derechos humanos
La falta de seguridad jurídica y de garantías constitucionales ha puesto en alerta a organismos internacionales, que denuncian supuestas violaciones a los derechos humanos. Los señalamientos han sido negados por la administración salvadoreña, que incluso se ha mostrado abierta a la posible verificación de las Naciones Unidas.
Las presuntas "detenciones arbitraras" habrían ocurrido en vista de que el estado de excepción prevé la suspensión de la libertad de asociación, del derecho a la defensa, así como la extensión del plazo de las encarcelaciones preventivas y la intervención de las comunicaciones.
Cristosal, una organización defensora de derechos humanos en El Salvador, advierte que hay varias situaciones dentro del régimen de excepción que califican como violaciones a la humanidad, como, por ejemplo, "las circunstancias que caracterizan las detenciones arbitrarias y posterior privación de libertad de personas con enfermedades crónicas de gravedad", que "demuestran la práctica de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en la aplicación del régimen de excepción".
La institución también señala que en el proceso de búsqueda de personas detenidas se presentan una serie de irregularidades, pues los familiares no reciben respuesta de ninguna institución estatal responsable como la Policía, Fiscalía, Procuraduría, centros penitenciarios, y tampoco les permiten tener comunicación con el abogado defensor designado por el Estado.
En un informe sobre el estado de excepción, Cristosal detalla que hasta 13 de junio ya habían recibido más de 2.000 denuncias de personas que dicen haber sido víctimas del Estado durante la llamada "guerra contra pandillas". De ese total, 86,3 % fueron hombres y 11,9 % mujeres; y 18 personas de la comunidad sexodiversa.
Del universo de demandantes, 97,4 % aseguran haber sido víctimas de "detenciones arbitrarias"; mientras que 22 % se queja por "allanamiento ilegal de morada", otro 17,3 % por "secretividad de los procesos"; y 12,1 % por "maltratos, tratos inhumanos y degradantes".
Además, el estudio detalla que 76,8 % de las agresiones las habrían ejecutado efectivos de la Policía Nacional; otro 16,2 % por grupos de policías y militares; y 5,6 % por las fuerzas armadas.
Según los datos de Cristosal, la población más afectada con 58,5 % de los casos son personas entre los 18 a 30 años de edad. Luego está el grupo de 31 a 41 años con 24,2 %; seguido con un 11,6 % por personas de 42 años o más; y con 1,2 % aparecen como afectados niños y adolescentes entre los 12 a 17 años.
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