La Audiencia Provincial de Tarragona (Cataluña, España) ha respaldado la petición de eutanasia de Eugen Marin Sabau, exvigilante de la empresa Securitas que disparó a varias personas a fines del año pasado, informaron este jueves medios locales.
El 14 de diciembre de 2021 el hombre abrió fuego contra tres excompañeros en la oficina de la compañía donde trabajaba en Tarragona, se dio a la fuga, hirió a dos policías y después se atrincheró armado en una masía abandonada, donde fue neutralizado por la Policía. Como resultado de las heridas, sufre una tetraplejia irreversible.
En junio, Sabau, conocido como el 'pistolero de Tarragona' y acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, solicitó recibir la muerte asistida mientras se hallaba en el hospital.
Fue entonces cuando las defensas de las víctimas presentaron un recurso para que se paralizara ese proceso hasta que no se celebre un juicio en su contra, pero la jueza encargada del caso denegó la petición alegando que la justicia no tiene competencia para tomar tal decisión, al tiempo que argumentó que el derecho a la eutanasia prevalece por encima del de la tutela judicial efectiva.
"Sin posibilidad de alivio"
Las víctimas y el Ministerio Fiscal recurrieron la resolución judicial asegurando que vulnera el derecho a un juicio justo, pero el auto de esta semana ha desestimado esos recursos señalando que se trata de un "investigado que está en un estado de salud grave, que le origina sufrimientos físicos y psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva".
La Audiencia indicó que una muerte asistida se considera, por ley, como una muerte natural y, por lo tanto, "de igual manera se impediría la celebración del juicio". Asimismo, detalla que las víctimas tienen la posibilidad de ir por la vía civil para resarcirse de los daños, ya sea a nivel económico o moral.
El auto deja claro que Sabau podrá recibir la eutanasia en un plazo máximo de dos meses. No obstante, las víctimas ya han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que podría paralizar el proceso de muerte asistida si decide imponer medidas cautelares a la espera del fallo.
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