En la provincia argentina de Santa Fe, organizaciones sociales y habitantes de la zona han salido esta semana a las calles de la ciudad de Rosario a exigir el cese de las quemas de humedales en las islas del delta del río Paraná. Aseguran que la situación ya se volvió insostenible y podría traer graves consecuencias para la salud de la población local.
Las densas nubes de humo que envuelven las zonas residenciales han hecho del aire irrespirable y han obligado a ciudadanos a cortar rutas, a la vez que aumentan los casos de personas enfermas con síntomas respiratorios derivados de intoxicaciones por humo. "Irrita la vista, la respiración y, probablemente, puede generar algunas complicaciones de salud a nivel crónico", afirma el ambientalista Facundo Viola.
Las multitudinarias protestas repudian además la falta de acción de las autoridades frente a este delito, puesto que, pese a la enorme cantidad de pruebas, la mayoría de las causas judiciales están paralizadas. El propio ministro de Ambiente argentino, Juan Cabandié, publicó imágenes de personas prendiendo fuego intencionalmente. Además, en las últimas marchas se han revelado los nombres de algunos de los dueños de los campos donde se realizan quemas para avanzar con la producción agrícola o ganadera, o desarrollar proyectos inmobiliarios. Se calcula que en lo corrido del año ya se quemaron intencionalmente más de 60.000 hectáreas.
A las constantes denuncias de los ambientalistas por presiones y amenazas, que han hecho crecer la indignación con el sistema judicial, se suma el freno a la ley de humedales que haría posible proteger las zonas en peligro. La falta de evaluación de esa legislación genera críticas a los partidos políticos en el Congreso y demuestra el poder de presión con el que cuentan los responsables de este ecocidio, que está infringiendo un daño irreparable a las especies endémicas y al ecosistema en general.