"Pésimo precedente": Polémica en México por un fallo del Supremo que favorece a las empresas que contaminan con plásticos

El dictamen es impugnado por organizaciones ambientalistas.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México emitió un polémico fallo que beneficia a las empresas que usan productos plásticos, un material que agudiza la crisis ambiental en todo el planeta.

En una sesión que duró menos de 10 minutos, el máximo órgano de justicia del país advirtió que el Congreso de Oaxaca no tiene facultades para prohibir los plásticos de un solo uso, lo que sienta un precedente que afecta al resto de los estados que quieran regular este tipo de materiales contaminantes.

La decisión favoreció a las empresas Propimex y Oxxo –que pertenecen a Femsa Coca Cola, uno de los conglomerados industriales más importantes de América Latina–, las cuales impugnaron la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos que el Congreso de Oaxaca aprobó en 2019.

De acuerdo con el portal Pie de Página, Coca Cola ocupa el primer lugar a nivel mundial como empresa contaminante por sus plásticos de un solo uso en al menos 39 países, ya que produce el 10 % de este tipo de residuos.

Las dos firmas que pertenecen a esta empresa siguieron produciendo los plásticos en Oaxaca y se hicieron acreedoras a sanciones por parte de las autoridades estatales. Por eso, este año tramitaron amparos con el argumento de que la legislación era "violatoria de los derechos humanos".

La Corte les dio la razón con un fallo que no abordó el fondo de la cuestión, es decir, los efectos contaminantes, sino que se limitó a considerar que los estados no pueden imponer políticas ambientales y que el Congreso de Oaxaca debe ajustarse a legislaciones nacionales.

"Solo la Federación cuenta con la facultad de dirigir la política ambiental nacional para definir en la Normas Oficiales Mexicanas los mecanismos de reducción, reciclaje y reutilización de residuos a través de criterios que deben cumplir los materiales con los que se elaboran los productos, envases, empaques y embalajes de plástico y poliestireno expandido que al desecharse se convierten en residuos", señaló la sentencia.

Reacciones

La sesión de la Corte se realizó en medio de una gran expectativa porque esta era la primera vez que iba a pronunciarse con respecto al uso de plásticos, que es combatido a nivel internacional y nacional.

Hasta ahora 26 de los 32 estados de México han aprobado leyes que prohíben la venta de plásticos y otros materiales desechables de un solo uso.

Con el fallo de esta semana, esas leyes pueden ser inaplicables, ya que las empresas quedan en condiciones de ampararse para no tener que cumplirlas, algo que las organizaciones ambientalistas consideran de suma gravedad en un país en el que todas sus playas registran contaminación de macroplásticos.

Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, advirtió que la decisión de los jueces contradice lo que está ocurriendo en el resto del mundo. "Lo único que podemos pensar es que esto se debe al poder que tiene la empresa (…) sientan un pésimo precedente", dijo.

La organización Greenpeace, por su parte, advirtió que se priorizó el interés de las empresas promoventes y de Femsa Coca-Cola para seguir vendiendo productos en envases altamente contaminantes, sin ningún tipo de consideración por el bienestar general, la salud de las personas y la protección ambiental.

"Los proyectos fueron elaborados con un análisis limitado a las competencias de las entidades federativas y no hacen el estudio de ponderación y proporcionalidad en cuanto a la protección máxima del Sistema Interamericano, al estar implicados derechos humanos. Recordemos que recientemente la ONU ha declarado el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano", explicó en un comunicado.

Al aprobar los amparos, lamentó, la Corte sienta un precedente que incentiva a las empresas a enfrentarse a las legislaciones locales que buscan reducir la producción de residuos y plásticos de un solo uso, "lo que significa un retroceso en batallas ganadas a lo largo de los años por organizaciones ambientalistas, ciudadanos y gobiernos locales".