A partir del próximo lunes, las y los diputados de Chile tendrán que someterse a un test para detectar si han consumido alguna droga ilegal, lo que ha desatado una fuerte controversia sobre la verdadera utilidad de la medida.
El reglamento de la Cámara de Diputados se modificó para que los legisladores se realicen este tipo de exámenes por lo menos dos veces, mientras ocupen la banca. El supuesto objetivo de sus promotores es demostrar que no hay nexos entre el narcotráfico y los políticos.
Las pruebas se realizarán con muestras de cabello que serán examinadas en el laboratorio químico de la Universidad de Chile. En los casos de los diputados que den positivo, sus nombres y resultados se harán públicos, lo que viola el derecho a la intimidad de la información personal sobre la salud. En un principio, también se buscó que se levantara el secreto bancario de sus cuentas, pero la moción no prosperó.
Si algún diputado se niega a realizar el test o da positivo en consumo de cannabis, cocaína, opiáceos o anfetaminas, deberá responder a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y no podrá votar leyes en materia de drogas o narcotráfico.
Esta semana se realizó un sorteo para definir la lista de los primeros 78 diputados que tendrán que hacer las pruebas entre el 22 y 30 de agosto. Los resultados estarán a más tardar a más tardar a mediados de septiembre.
Una vez que se conocieron los nombres, la polémica se intensificó, ya que varios legisladores advirtieron que se van a amparar para no someterse a un examen de consumo de sustancias, que consideran violatoria de sus derechos y que, además, solo refuerza prejuicios basados en la desinformación.
Reclamos y apoyos
"Este es un show inaceptable, solo un espectáculo", advirtió el diputado socialista Tomás de Rementería, quien cuestionó la verdadera utilidad de una medida que supuestamente intenta desvincular a la política del narcotráfico.
Por eso, preguntó qué harán con los diputados cuyos resultados sean positivos. "¿Les van a abrir las cuentas [bancarias] y les van a ver qué? ¿La transferencia a un narcotraficante? Quieren desviar la atención de las cosas que son realmente importantes, quieren hacer creer que esta institución está llena de drogadictos", señaló.
El diputado Jaime Sáez, del oficialista Frente Amplio, denunció que el debate sobre los test de drogas fue "artificioso" y solo promueve "una caza de brujas" que no develará ninguna relación con el narcotráfico.
"Estigmatiza a más de cinco millones de chilenos y chilenas que consumimos cannabis y que nos tratan como enfermos mentales o delincuentes", agregó el legislador progresista, que apoya la legalización de esta planta y que apuesta a que se pueda dar un debate más serio.
En el mismo sentido se pronunció el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista. "El test está muy lejos de ser la solución contra el narcotráfico. Si queremos hablar en serio, lo que se requiere es aumentar las capacidades de inteligencia del Estado para seguir la ruta del dinero del narco y así, de verdad, golpear el corazón crimen organizado", afirmó.
Por el contrario, Tomás Lagomarsino, del Partido Radical, consideró que las pruebas le demostrarán a la ciudadanía quiénes están "libres de la influencia" del narcotráfico en el Congreso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, también respaldó la iniciativa y anticipó que no se resistirá al test. Para Jorge Guzmán, de la conservadora bancada de Evopoli, marca un principio de transparencia que le da certezas a la ciudadanía de que en el Congreso no hay consumo problemático de drogas.
Su compañero de bancada, Juan Antonio Coloma, quien fue uno de los principales impulsores de esta iniciativa, incluso celebró haber salido sorteado en la primera lista de legisladores que deberán realizarse un test que es inédito en la región.