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Dictan prisión preventiva al exfiscal de México acusado de torturas y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa
El juez del caso pidió esta medida argumentando que hay un elevado riesgo de fuga del exfuncionario.
El juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, dictó el sábado prisión preventiva justificada para Jesús Murillo Karam, quien fue el procurador general durante la gestión del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), por los delitos de desaparición forzada, tortura y oponerse a la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
De esta manera, el exprocurador deberá permanecer preso hasta el próximo 24 de agosto, cuando se lleve a cabo una segunda audiencia donde se definirá su situación legal y la defensa presentará pruebas a favor del imputado. El juez pidió esta medida argumentando que el exfuncionario cuenta con los recursos para abandonar el país y no presentarse a la audiencia, precisaron medios locales.
El viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Murrillo Karam, quien defendió la "verdad histórica" en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero.
De acuerdo con esta tesis que ya fue desmentida por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, policías municipales habrían secuestrado y entregado a los estudiantes a miembros del Cártel Guerreros Unidos, quienes los terminaron matando y quemando en el basurero de Cocula, y las cenizas fueron arrojadas al río San Juan.
Desde el 7 de julio de 2020, la "verdad histórica" fue desestimada con la identificación de los restos óseos del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, los cuales fueron encontrados en un sitio conocido como la Barranca de la Carnicería.
En el marco de las indagatorias durante el sexenio del priista Peña Nieto, Murillo Karam afirmó que no había "ni una sola evidencia" de la intervención del Ejército en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Esta tesis sirvió para restar responsabilidad a las instituciones del Estado mexicano en el caso.
Además, a petición de la FGR, un juez emitió 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares y personal de tropa, autoridades de distintos niveles en el estado mexicano de Guerrero, policías y presuntos criminales. Se les acusa de desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia relacionados con el mismo caso.
Tanto las órdenes de aprehensión, como la detención del exfiscal se produjeron un día después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa presentara su más reciente informe, en el que señala que la desaparición de los normalistas fue un "crimen de Estado", en cuya atención también ocurrieron errores institucionales por acción, omisión o negligencia.
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