El Congreso de los Diputados de España aprobó definitivamente la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que endurece las penas de los delitos de violencia sexual y recoge la necesidad de consentimiento explícito en las relaciones sexuales.
La nueva normativa, conocida como ley del 'Solo sí es sí', fue impulsada por el Ministerio de Igualdad después de una violación grupal ocurrida en 2018, que levantó la indignación en todo el país y provocó masivas manifestaciones de protesta.
El proyecto de ley fue aprobado con 205 votos a favor y 141 en contra y tres abstenciones, por lo que solo ha contado con el rechazo de la ultraderecha de Vox y del conservador Partido Popular. Un largo camino, que se inició hace dos años y medio cuando el anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros.
"El consentimiento solo se reconoce cuando una persona lo ha demostrado libremente mediante actos que, en el contexto de las circunstancias del caso, expresan claramente la voluntad de la persona", dice el texto aprobado.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, de la fuerza minoritaria de la coalición de Gobierno, Unidas Podemos, se ha mostrado plenamente satisfecha. "El grito feminista del solo sí es sí, del 'hermana, yo sí te creo' se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado", declaró a los medios ante la sede del Congreso.
Antes de la reforma las víctimas de violación tenían que demostrar que habían sido objeto de violencia o intimidación, de manera que otros delitos, como aquellos perpetrados utilizando sumisión química o sobre menores u otras personas que no podían manifestar consentimiento, tan solo eran tipificados como abusos sexuales, lo que conllevaba a menores penas.
El caso de La Manada
La cuestión saltó a la opinión pública en 2016, cuando se produjo una violación grupal en las fiestas de San Fermín en Pamplona, al norte del país. Cinco hombres, que se autodenominaban como La Manada en un grupo de Whatsapp, violaron a una joven de 18 años.
Inicialmente fueron condenados por abuso sexual, en una polémica sentencia que provocó multitudinarias manifestaciones de protesta en todo el país. Sin embargo, en 2019, el Tribunal Supremo rectificó el veredicto y sentenció a los cinco individuos por violación y aumentó sus condenas de 9 a 15 años de prisión.
Durante el proceso, al analizar los teléfonos móviles de los acusados, que habían grabado la violación de Pamplona, se descubrieron las imágenes de otra agresión sexual que habían perpetrado, poco antes, cuatro de los cinco hombres sobre una mujer inconsciente.
Una promesa del Gobierno
El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que autodescribe como feminista, prometió que reformaría la ley para eliminar la ambigüedad en los casos de violación cuando asumió el cargo, a mitad de 2018. Ahora, la norma que acaba de ver la luz verde definitiva, además de abordar el consentimiento en las relaciones sexuales, introduce otras novedades.
Así, se endurecen las sanciones en los casos de acoso callejero, refuerza la protección y atención a las víctimas de violencia sexual y amplía la educación afectivo-sexual en los centros educativos.
Además, se prohíbe la difusión de imágenes íntimas, un fenómeno conocido como 'pornovenganza' que ha aumentado en los últimos tiempos.
En resumen, considera la violencia sexual como una forma más de violencia machista, calificativo que la legislación tenía hasta ahora reservado tan solo para aquellos delitos en el que agresor y víctima tenían un vínculo sentimental.
Un país pionero
Este tipo de legislación, basada en la Convención de Estambul de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, sigue siendo minoritaria en Europa. Solo algunos países, entre los que se incluyen Suecia, Bélgica, Croacia o Dinamarca, han cambiado su definición legal de violación a sexo sin consentimiento.
España es considerado un país pionero en la lucha con esta lacra desde el año 2004, cuando se aprobó la primera ley en el continente que sancionaba específicamente la violencia de género, especialmente cuando el agresor era o había sido pareja sentimental de la víctima.
En el país se considera que se producen anualmente alrededor de 400.000 actos de violencia sexual al año (no todos ellos constitutivos de delito), según una investigación de la Universidad de Barcelona, encargada por el Ministerio del Interior, que se conoció el pasado diciembre. El 25 % de las víctimas serían menores de edad.
Según ese mismo estudio, entre las víctimas adultas el 85 % son mujeres, mientras que el 96 % de los perpetradores son hombres.
De acuerdo al macroestudio, "el 31 % de los actos de violencia sexual, graves y sobre mujeres adultas que acuden a urgencias médicas por la agresión, se dan bajo los efectos de la sumisión química", es decir, cuando el agresor utiliza sustancias tóxicas para anular la voluntad de la víctima.