La Policía dispersa a simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner que tiraron vallas de seguridad puestas frente a su casa
Las protestas masivas afuera de la casa de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, desembocaron este sábado en enfrentamientos con la Policía. Los manifestantes tiraron vallas de seguridad en las inmediaciones del edificio donde se ubica su residencia, en el barrio Recoleta, lo que provocó que las fuerzas del orden intervinieran con camiones hidrantes para dispersar a la multitud.
De acuerdo con los informes preliminares, cinco uniformados resultaron heridos en los enfrentamientos y al menos cuatro manifestantes fueron detenidos. Asimismo, un periodista recibió un golpe mientras la militancia peronista avanzaba sobre el cordón policial.
En el marco de esta escalada de la violencia, se espera que en las próximas horas se pronuncie el ministro de Gobierno, Jorge Macri, y el titular de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, para suministrar detalles de la situación judicial, luego de que el kirchnerismo presentara ante la Justicia cuatro amparos por el operativo se seguridad montado frente al hogar de la vicepresidenta.
En concreto, los querellantes se oponen a la decisión del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires de vallar la zona y buscan que se les garantice el libre ejercicio de manifestar su apoyo a la política.
El Gobierno de la capital ordenó este sábado el vallado de la zona donde vive Cristina Kirchner, pues las concentraciones y protestas políticas alteraban el orden público. Desde la madrugada, se estableció un perímetro conformado por efectivos y vehículos de la Policía, cuyo objetivo es prevenir el acercamiento de militantes y opositores a la zona donde se encuentra su apartamento.
"Repudio"
El presidente argentino Alberto Fernández cuestionó el operativo policial y aseguró que, lejos de aportar tranquilidad, los agentes han generado un clima de inseguridad e intimidación. En este sentido, expresó su repudio a la violencia institucional y llamó a poner fin al hostigamiento contra la vicepresidenta.
"Es imperioso que cese el hostigamiento a la vicepresidenta y garantizar el derecho a la libre expresión y manifestación de los ciudadanos y ciudadanas (...) Asimismo, exhorto a la dirigencia opositora que cesen las expresiones provocativas y violentas y permitan que todos los actores se expresen responsablemente para garantizar la paz social", escribió Fernandez en un hilo en Twitter.
Expreso mi más enérgico repudio a la violencia institucional desatada por el Gobierno de la Ciudad frente a una masiva manifestación de ciudadanas y ciudadanos expresándose en libertad y en democracia.
— Alberto Fernández (@alferdez) August 27, 2022
Entretanto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, criticó al presidente de la nación y a muchos dirigentes del kirchnerismo, asegurando que con sus declaraciones lo que hacen es "echar nafta al fuego". Asimismo, afirmó que Cristina Fernández está tratando de solucionar sus problemas judiciales "enfrentando a unos argentinos con otros" y la instó a "asumir la responsabilidad" para que los manifestantes "se retiren esta noche pacíficamente a casa".
El porqué de las manifestaciones
Las movilizaciones y los encuentros frente al domicilio de Fernández de Kirchner se producen luego de que, el pasado martes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaran una pena de 12 años de cárcel para la expresidenta, así como inhabilitación para ocupar cargos y el decomiso de sus bienes, por su presunta participación en una asociación ilícita que defraudó al Estado durante 12 años por un monto de mil millones de dólares.
Desde entonces, el Gobierno en pleno, desde el presidente Alberto Fernández hasta los ministros y funcionarios de todos los rangos, han apoyado sin fisuras a Fernández de Kirchner. Incluso, los presidentes de Bolivia, Colombia, Honduras y México se han pronunciado a su favor.
Alberto Fernández cuestionó esta semana la tarea del fiscal Diego Luciani y aseguró que Fernández de Kirchner "no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen". Asimismo, hizo referencia "a la existencia de una 'persecución judicial y mediática' contra la vicepresidenta". Sus dichos desembocaron en una fuerte campaña en su contra por parte de la oposición política, mediática y judicial que incluye pedidos de juicio político para que lo destituyan.