El periodista español Pablo González, quien trató de presentar otra visión del conflicto ucraniano, cumple seis meses en prisión, mientras su defensa denuncia que se han vulnerado todos sus derechos fundamentales.
González está encarcelado desde el pasado 28 de febrero en Polonia, acusado por las autoridades de ese país de presunto espionaje para Rusia. La semana pasada, la Justicia polaca prorrogó por otros tres meses su prisión provisional.
En entrevista con RT, Gonzalo Boye, el abogado de González en España, alerta sobre el aislamiento al que está sometido su cliente y denuncia el silencio de muchos medios de comunicación sobre este caso, así como la falta de acción del Gobierno de España.
"No es un proceso con las debidas garantías", alega Boye, quien afirma que "no se está actuando de forma imparcial". "Lo primero que hubiese visto cualquier juez en Europa es: ¿cómo es que este señor no puede acceder a su familia ni a su abogado de confianza?", critica.
"El proceso está viciado de nulidad"
El letrado considera que se está tratando, por un lado, de aislar al periodista "para generarle la sensación de estar solo en esta batalla" y, por otro, de quebrarle su voluntad "para que reconozca o acepte cualquier cosa que no haya cometido".
Tanto su abogado como su familia sostienen que durante estos seis meses de privación de libertad "se le han vulnerado todos los derechos fundamentales que se le reconocen a una persona imputada en un delito", una denuncia que han hecho llegar al Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.
Boye relata que durante los primeros 15 días de encarcelamiento el periodista "ni siquiera tuvo abogado" y que durante los seis meses que se ha prorrogado la prisión provisional no se ha podido comunicar ni con su abogado defensor ni con su familia. "Estos son derechos básicos y sin el respeto a esos derechos básicos el proceso está viciado de nulidad", agrega.
Además, al abogado no le consta que el Gobierno español esté dando "ningún tipo de respaldo", más allá de las visitas del cónsul español en Polonia. "Una actuación directa de España para garantizar los derechos de sus ciudadanos, eso no se ha visto", añade.
Ese respaldo institucional, en opinión de Boye, sería determinante: "Si la Unión Europea o el Gobierno de España lo exigiese, el Gobierno polaco cumpliría con respetar los derechos fundamentales de Pablo y nos permitiría el inmediato acceso a verle", sostiene.
Asimismo, también denuncia "el silencio cómplice de muchos". "Muchos medios de comunicación están callando cuando un compañero está detenido en estas circunstancias" explica.
Acusado de espionaje para Rusia
El pasado 28 de febrero, González estaba realizando su trabajo de fotoperiodista en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, cuando fue detenido por las autoridades polacas, acusado de espionaje en favor del Kremlin, sin que la Justicia polaca ofreciese ningún detalle o prueba sobre esas presuntas labores.
El único argumento que se ha conocido para sustentar la acusación tiene que ver con la documentación que portaba el periodista. González tiene doble nacionalidad, rusa y española, otorgada por el origen de sus padres, por lo que portaba documentos en regla de ambos países.