El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires amenazó con reprimir de nuevo a los militantes peronistas, mientras que el oficialismo y la oposición se enfrascaron en una guerra de denuncias penales en medio de la crisis política provocada por el juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Desde que hace una semana los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión contra la expresidenta, la tensión se disparó e impactó de lleno en las dos principales coaliciones políticas del país sudamericano y en el panorama rumbo a las presidenciales del próximo año.
El oficialista Frente de Todos, que arrastraba meses de una fuerte confrontación que lo colocó al borde de la ruptura, se abroqueló para apoyar a Fernández de Kirchner. El peronismo se declaró unido, organizado, movilizado y en estado de alerta.
En la opositora y conservadora alianza Juntos por el Cambio se aglutinaron para respaldar a los fiscales y condenar por anticipado a Fernández de Kirchner, pero los dirigentes que compiten por la candidatura presidencial en 2023 volvieron a confrontarse y a mostrar las fisuras del espacio.
La exministra de Seguridad Patricia Bullrich, por ejemplo, criticó al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por haber retirado el operativo que montó el sábado en los alrededores de la casa de la vicepresidenta para evitar que los militantes volvieran a cerrar las calles. Ambos son los principales aspirantes presidenciales de la derecha.
"Nos ven débiles (...) en la seguridad no podés tener miedo. La ciudad siempre está con las calles tomadas", dijo en una crítica abierta a Rodríguez Larreta después de la caótica jornada del sábado. Bullrich es conocida por ser una política "de mano dura" que defiende siempre a las fuerzas de seguridad y las represiones, aunque incluyan violaciones a los derechos humanos.
Cruces
Durante cinco noches consecutivas, de lunes a viernes, miles de seguidores de Fernández de Kirchner se acercaron a su casa para respaldar su denuncia de que el juicio en su contra no tiene asidero legal y solo se trata de una persecución que busca proscribirla y evitar que vuelva a postularse a algún cargo público.
Las manifestaciones evidenciaron, de nuevo, el ya conocido e histórico fervor peronista. Familias, parejas, personas en solitario o con su agrupación se organizaron para cantar, aplaudir, saltar y hasta llorar, ya fuera por amor a la vicepresidenta o de rabia por las acusaciones de corrupción en su contra.
El espacio físico incentivó la disputa ideológica, ya que Fernández de Kirchner vive en Recoleta, un lujoso barrio de Buenos Aires. La capital y, sobre todo, las clases altas del país son, por definición, antiperonistas, así que las quejas de los vecinos por las manifestaciones en favor de la expresidenta se acrecentaron con el pasar de los días.
En respuesta, el Gobierno de la Ciudad, que es derecha, montó un operativo sorpresa. El sábado, los alrededores de la casa de la vicepresidenta amanecieron con vallas que cerraban el paso a la circulación de autos y peatones, más policías y camionetas hidrantes preparadas para dispersar multitudes.
Así volvió a demostrarse la permanente doble vara que hay en este país, ya que en anteriores ocasiones, cuando se acercaron personas a repudiar a la vicepresidenta, jamás fueron reprimidas. El gobierno local y los medios antiperonistas los suelen presentar como ciudadanos indignados, educados y "decentes" que simplemente ejercen su derecho a manifestarse. En cambio, los peronistas siempre son "sucios" y "violentos".
El sábado, el peronismo había convocado a reuniones en plazas de todo el país pero, al ver las vallas, llamaron a concentrarse en Recoleta, ya que consideraron que el operativo era una provocación antidemocrática que violaba el derecho a la protesta social, y una especie de prisión domiciliaria contra Fernández de Kirchner, quien, por su parte, denunció que la habían sitiado.
A lo largo del día, miles de peronistas fueron llegando a Recoleta en un clima de exacerbada tensión, ya que se temía que se desatara la violencia de la que se acusaban por igual oficialismo y oposición.
Por la tarde, cuando los peronistas ya habían derribado algunas vallas, la Policía de la Ciudad comenzó una represión con golpes, carros hidrantes y gases lacrimógenos. El saldo fue de policías y manifestantes heridos.
La situación no pasó a mayores gracias a que los policías finalmente se replegaron. Luego de una reunión de urgencia entre funcionarios de seguridad de los gobiernos capitalino y nacional, la vicepresidenta convocó a sus seguidores a irse a descansar.
Lo que no cesó fue el intercambio de amenazas, denuncias y acusaciones.
Pelea sin fin
El domingo se viralizaron videos que mostraron que el diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, fue agredido por policías cuando intentaba acercarse a la casa de su madre junto con otros dirigentes peronistas.
Antes, varios periodistas revelaron que, durante el operativo del sábado, escucharon cómo los policías identificaban a líderes peronistas para saber si tenían fueros parlamentarios o inmunidad diplomática. El peronismo acusó que había órdenes específicas de atacar a los dirigentes.
La judicialización de la política se intensificó con denuncias penales por todos lados.
Desde los sectores más radicales de la oposición, Patricia Bullrich anunció que, junto con diputados nacionales, había denunciado penalmente al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina de Kirchner y a los ministro del interior, Eduardo de Pedro, y Seguridad, Aníbal Fernández.
"Existe un plan coordinado para desbaratar las investigaciones, amedrentar jueces y fiscales y avanzar hacia la impunidad de Fernández de Kirchner y algunos de sus ex colaboradores que ponen en crisis el sistema democrático", afirmó. En la semana, ya habían interpuesto una denuncia para iniciar un juicio político al presidente, a sabiendas de que no va a prosperar.
Del lado del oficialismo, el diputado Leopoldo Moreau denunció al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por espionaje, ya que hay múltiples videos que demuestran que los policías estuvieron filmando a los manifestantes peronistas. Otros militantes también denunciaron ante un juzgado a Rodríguez Larreta por haber "sitiado" la casa de la vicepresidenta.
Panorama
Este lunes, la crispación continúa.
Pese al supuesto acuerdo que tuvieron las autoridades de la Ciudad y de la Nación, en los alrededores de la casa de Fernández de Kirchner hay amplios contingentes policiales.
Además, el Ministro de Seguridad de esta capital, Mauricio D’Alessandro, advirtió que no permitirá que la vida cotidiana de los vecinos de Recoleta sea alterada por los peronistas.
"No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social", señaló en medio de los reclamos que hay en su propia coalición por haber retirado las vallas.
Fernández de Kirchner, en tanto, se prepara para reaparecer el sábado en un acto partidario en el que se prevé que repetirá que es víctima de una persecución. Dos días después, el juicio en el que se le acusa de presunta corrupción entrará en su recta final con el inicio de las exposiciones de las defensas.
Y entre diciembre y febrero se conocerá la condena.
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