El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que se había logrado un acuerdo con los familiares de los 10 mineros que quedaron atrapados en una mina de Coahuila, el pasado 3 de agosto.
"Ya se tiene un acuerdo con los familiares, creo que hoy se va a tener una reunión para suscribir unos documentos. Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones", dijo el mandatario en su habitual rueda de prensa matutina.
En esa línea, López Obrador prometió que las labores para recuperar los cuerpos se mantendrán en la zona. "Seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a parar el rescate. No se ha parado, seguimos extrayendo agua de los pozos", agregó.
Por otra parte, adelantó que se iniciará un nuevo procedimiento "recomendado por los técnicos" para tener mejores resultados en el rescate de los cuerpos, y recalcó que la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, seguirá al frente de la misión.
Polémica con las familias
El acuerdo con las familias de los mineros llegó después de mucha controversia. La semana pasada, el Gobierno admitió que las tareas para el rescate tardarían entre 6 y 11 meses, lo que provocó la desesperación de sus allegados.
"Mandamos a consultar con los familiares, se pusieron muy tristes. Es una situación muy difícil, estaban muy alterados, no querían nada", admitió López Obrador el domingo. El optimismo inicial de Velásquez, que prometió un rescate rápido, se fue apagando con las semanas y la dificultad para acceder al lugar donde habría ocurrido el siniestro.
Las constantes inundaciones en la zona, la posibilidad de otro colapso y el riesgo para los rescatistas estancaron las labores, que se han desplegado desde que ocurrió la tragedia. No obstante, según lo dicho por el mandatario este martes, los trabajos continuarán a la par de las indemnizaciones.
En ese sentido, reiteró que el pago será más allá de lo convencional, "no solo por el agravio por perder a sus familiares, que es muy triste, sino por la situación de pobreza en que vive la gente". "Se les va a dar el trato que se merecen", apuntó.
Estas compensaciones económicas, aclaró López Obrador, son independientes de las que ofrezca la empresa responsable de la mina, luego de todo el procedimiento legal al que tendrá que someterse después del siniestro. "Eso lleva tiempo –puntualizó el mandatario–, es una cuestión de juicio, pero nosotros ya vamos a trabajar en eso. Ya hay instrucciones de que se destinen los fondos para apoyar a los familiares".
Prestanombres, minas ilícitas y tragedias continuas
Más allá de la dura tragedia de los hombres atrapados en la mina de Coahuila, en las últimas semanas ha quedado nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores de las minas en México, no solo por el alto riesgo y las escasas condiciones de seguridad, sino por las prácticas de los empresarios que están al frente de esas explotaciones.
De hecho, hasta ahora solo hay un detenido, llamado Cristian Solís, que aparece como responsable de la mina. Sin embargo, para el propio mandatario mexicano, probablemente se trate de un "prestanombres" sin poder real dentro de esa estructura, una práctica habitual en México.
Según un seguimiento de la organización Familia Pasta de Conchos –creada tras el fallecimiento de 65 hombres en una mina de carbón–, desde 2006 por lo menos otros 120 mineros han muerto mientras cumplían con su trabajo.
Los familiares de Pasta de Conchos reconocen que a 16 años de la tragedia que les arrebató a sus parientes, solo han podido recuperar los cuerpos de dos de ellos, y la investigación de lo ocurrido todavía no ha esclarecido los hechos.