La Unión Europea (UE) se está preparando para intervenir el mercado eléctrico y llevar a cabo una profunda reforma de su sistema energético en el bloque comunitario, una arquitectura que lleva en pie más de tres décadas y que hasta fechas muy recientes parecía intocable.
Si el lunes la UE comenzó con el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de "una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado de la electricidad", el martes el encuentro entre el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente español, Pedro Sánchez, así como la buena sintonía entre ellos, dieron pistas de que algo importante se está empezando a mover.
En el centro del debate sale reforzada la imagen de Sánchez, un mandatario que a lo largo de los cuatro años que lleva en el cargo ha ido ganando peso en el seno de la UE y que ahora podría lanzar un 'ya os lo dije'. Después de un año clamando por una reforma del sistema eléctrico de la UE, la Comisión se pone ahora manos a la obra.
En estos meses Sánchez sí logró la aprobación de la 'excepción ibérica', que entró en vigor en mayo y permitió abaratar el precio de la luz para los consumidores de España y Portugal. Ahora se trata, entre otras cosas, de que deje de ser una excepción y el modelo se extienda a toda la Unión Europea.
¿Por qué es necesaria una reforma?
La urgencia de la reforma viene dada por las circunstancias excepcionales que se viven actualmente en Europa. El mecanismo de formación de precios está diseñado para funcionar en una época sin turbulencias, no así en crisis como la actual de los precios del gas.
El denominado como sistema marginalista de precios que se utiliza en Europa consiste en retribuir a todas las tecnologías de producción de electricidad al precio de la más cara, que entra en la subasta para cubrir las necesidades de la demanda.
Hasta hace poco el gas no constituía un problema, puesto que hasta 2020 había sido una tecnología muy barata para la generación eléctrica. Sin embargo, en el último año su precio se ha disparado, una subida que se ha agravado recientemente por el conflicto en Ucrania, las sanciones de Occidente contra Rusia y los cortes registrados en el suministro. De esta manera, los altos precios del gas están llevando a su vez a récords en los precios de la electricidad.
Lo que busca ahora la Unión Europea es dar salida a dos encrucijadas. Por un lado, conseguir un establecimiento de precios que abarate la electricidad para frenar la galopante inflación, que en agosto ha alcanzado el 9,1 % en el bloque comunitario, y así esquivar una posible recesión.
Por otro, disminuir la dependencia de sus miembros del gas, especialmente del que procede de Rusia, principal suministrador de algunas de las economías más importantes de la UE, de cara al invierno y el temor de los políticos europeos a un corte total del suministro.
¿Qué es la excepción ibérica?
Sin embargo, ya hace un año que la subida del coste del gas viene tensionando los mercados. Prácticamente el mismo tiempo que el Gobierno de España ha reclamado a la UE medidas para reducir los precios de la electricidad y, además, se le reconozca la excepcionalidad de su mercado, para lo que ha contado con la alianza de Portugal.
Las dos naciones sostienen que el mercado ibérico tiene particularidades con respecto a otros países en la eurozona. Con una interconexión menor al 3 % con el resto del continente y una dependencia minúscula del gas ruso, la subida del precio de este les repercutía de una manera desproporcionada.
Tras arduas negociaciones, en junio se logró la aprobación de la conocida como 'excepción ibérica', que permite a los dos países desligar el coste de la electricidad del precio del gas durante un año. Este mecanismo consiste en poner un límite a la retribución del gas, fijado en 40 euros el megavatio hora en los seis meses iniciales y posteriormente un incremento mensual de cinco euros hasta la finalización de la medida.
De esta manera, aunque el gas entre en la subasta eléctrica, el resto de tecnologías no pueden ser pagadas por encima de ese tope, si bien la mayoría de ellas tienen un coste de producción muy inferior, por lo que aún conservan parte de sus beneficios extraordinarios. Por contra, se paga una contraprestación a las empresas gasísticas, es decir, la diferencia entre el precio fijado y aquel que marca el mercado europeo.
No obstante, y debido a los altos precios en el mercado, este sistema no ha evitado que agosto se haya convertido en el mes con la electricidad más cara de la historia en España, aunque sí ha conseguido que la factura tuviera una disminución de algo más del 22 % con respecto a lo que hubiera correspondido sin la aplicación del nuevo mecanismo.
Ahora, se trata de conseguir que el mismo mecanismo, o uno similar, se implante en el conjunto de la UE, para evitar que otras potencias europeas vean dañadas sus economías, lo que acabaría lastrando al resto de países, incluso a los que ya cuentan con la 'excepción'. El desenlace se conocerá seguramente en la reunión de los ministros de Energía que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre en Bruselas.
Además, se estudian otras medidas, como la propuesta de Madrid de disminuir la tarifa de los derechos de emisión de dióxido de carbono o establecer controles para frenar la especulación en los mercados financieros.
¿Cuál es la postura de los diferentes Estados?
Si bien el debate está abierto, todavía no hay una certeza sobre qué medidas se aprobarán. Por el momento los apoyos a la postura encabezada por España van aumentando. Así parece ser el caso de Alemania, que se ha mostrado abierta a imponer un tope al precio del gas.
Países Bajos, que junto a Alemania era uno de los grandes reticentes a poner en marcha este tipo de medidas, también parece haber cambiado de opinión. "Ya no hay un vínculo entre el coste de producción de la electricidad y lo que se paga por ella. El sistema de fijación de precios europeo debe revisarse", decía esta semana la ministra de Energía belga, Tinne van der Straeten.
Además de Portugal, embarcado en la misma cruzada que España, también Italia, Austria y la República Checa se han mostrado en los últimos días de acuerdo en la necesidad de abordar una reforma profunda.
¿Qué perseguía el modelo energético actual?
El modelo de fijación de precios actual ha recogido numerosas críticas en los últimos tiempos. La principal se refiere a la sobrerretribución de las tecnologías más baratas, al obtener el mismo precio que el de la más cara, lo que se denomina como 'beneficios caídos del cielo'. Ese exceso de coste repercute en las facturas de consumidores domésticos e industriales.
Sin embargo, su establecimiento obedece a la incentivación a la construcción de infraestructuras para producir energías más baratas y, sobre todo, que produzcan energía renovable o limpia.
Así, dado que la energía más barata es la que mayor beneficio obtiene se incentiva la inversión en ese sector. Las inversiones en este tipo de infraestructuras son muy elevadas, junto con unos tiempos de construcción largos, por lo que unos precios altos sostenidos en el tiempo ayudarían a impulsar la construcción de este tipo de tecnologías.
Sin embargo, el interés inversor tiene un límite. Si las energías baratas consiguieran dar respuesta a toda la demanda, su precio con este sistema se derrumbaría, por lo que les interesa que siempre sea necesario el concurso de una tecnología cara.
Gobiernos como el alemán o el belga, que se mostraban en contra de limitar el precio del gas, alegaban problemas de seguridad jurídica y de confianza en el sistema. Si inversores que habían apostado por energías limpias y baratas con la promesa de altos beneficios veía frustradas sus aspiraciones, podrían dejar de invertir en estos rubros en un futuro.
Además, hay que añadir la inestabilidad de la situación política que tanto afecta al precio del gas, de manera que no se sabe si sus precios seguirán altos, si despegarán aún más o si se desplomarán y volverá a ser la energía barata que era.
Si se apuesta por esta última posibilidad, los inversores privados no recalarán en las tecnologías limpias, haciendo que se siga dependiendo del gas para cubrir la demanda, por lo que el desacople de su precio del resto de energías es aún más acuciante.
¿Se puede prescindir del gas ruso?
Aunque la UE quiera tomar medidas para prescindir del gas ruso, la matriz energética de muchos países depende en un porcentaje muy elevado de esta aportación para la generación eléctrica.
La respuesta puede venir, al igual que las otras iniciativas que se están discutiendo, del sur de Europa. España posee alrededor del 30 % de la capacidad de regasificación del continente, sin embargo, no la puede llevar a su máximo debido a la falta de interconexión con el resto de Europa. La solución propuesta por el presidente español, Pedro Sánchez, es la construcción de un gasoducto, llamado MidCat, que conecte España con Francia atravesando los Pirineos.
La propuesta era rechazada de plano por Francia, aunque ayer sorprendió cambiando su postura y mostrándose abierto a estudiarla. La flexibilidad de Francia llega después de que este martes se reunieran Pedro Sánchez y su homólogo alemán, Olaf Scholz, y de que ambos realizasen una petición conjunta.
El proyecto MidCat no es una iniciativa nueva, sino que la infraestructura comenzó a construirse y llegó a recibir hasta 500 millones de euros hasta que se paralizó en 2018, cuando un estudio de viabilidad encargado por la Comisión Europea concluyó que esta obra no era rentable ni necesaria. Faltan por construir 226 kilómetros que Sánchez solicita que sean sufragados por la UE.
Sería la manera de transportar al resto de Europa el gas que acumula España, proveniente de Argelia vía gasoducto y por mar de otros proveedores que llegan a las seis plantas regasificadoras con que cuentan los puertos españoles. No obstante, esta infraestructura podría estar disponible para el invierno de 2023-2024, y la capacidad del conducto sería de hasta 10.000 millones de metros cúbicos (bcm) anuales. De media, la UE importa al año 200.000 millones de metros cúbicos de gas ruso.
El canciller alemán apoya este proyecto, como manifestó en rueda de prensa junto a Sánchez. Además, Scholz apunta que el MidCat también servirá para aprovechar el potencial de la Península Ibérica en materia de hidrógeno verde.
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