A Europa le espera un otoño caliente debido a las protestas sindicales que se avecinan. "Los trabajadores y sus sindicatos en toda Europa no se quedarán de brazos cruzados mientras se ataca el nivel de vida", afirmaba hace menos de dos semanas la secretaria general adjunta de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés), Esther Lynch, que anunció que "se espera que los sindicatos intensifiquen y coordinen sus acciones en las próximas semanas".
En el punto de mira está la subida de los precios de prácticamente todos los productos básicos, lastrada a su vez por el alto coste de las materias primas, especialmente las energéticas, y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores debido a que los salarios no se están revalorizado a la par de la inflación.
Ya se ha producido un aumento de la actividad sindical en el continente, traducida en huelgas y protestas en varios países europeos, pero se espera que esta se intensifique en las próximas semanas para presionar de cara a la celebración del Consejo Europeo los próximos 20 y 21 de octubre.
Seis exigencias
Entre las demandas del ETUC, organización que tiene 45 millones de miembros y que representa a 92 organizaciones sindicales de 39 países y a 10 federaciones sindicales europeas, se encuentran seis exigencias, para ellos, básicas. Su plan de seis puntos incluye los siguientes:
- Aumentos salariales para hacer frente a la inflación, apoyando una mayor relevancia de la negociación colectiva.
- Aumentos de los salarios mínimos, garantizando que los trabajadores con salario bajos puedan hacer frente a las facturas básicas.
- Un límite en el costo de las facturas de energía para los consumidores y un impuesto sobre las ganancias excesivas que obtienen las empresas de energía en la coyuntura actual.
- Medidas nacionales y europeas de apoyo anticrisis para proteger los ingresos y el empleo en la industria, los servicios y el sector público, y la financiación de medidas sociales para hacer frente a la actual crisis.
Una inflación desbocada
En el fondo de esta crisis se encuentra el hecho de que los trabajadores están cargando con el peso de la inflación, puesto que las empresas están repercutiendo las subidas de sus proveedores en los precios de los bienes y servicios que comercializan.
En la Unión Europea la inflación alcanzó en agosto el récord del 10,1 %, las más alta desde que comenzaron los registros en la UE, aunque con una distribución muy desigual entre países. Así, los países bálticos han superado la barrera del 20 %, mientras que entre las grandes economías Alemania alcanzó un 8,8 %, Francia un 6,6 %, Italia un 9,1 % y España un 10,5 %.
Además, la receta del Banco Central Europeo (BCE) para enfriar la economía y parar la escalada de precios ha sido la fórmula tradicional de subir los tipos de interés. Tras la subida histórica de 0,75 puntos de este mes de septiembre, se acumula un incremento del 1,25 en los últimos meses.
Los altos precios y la dificultad para endeudarse o para hacer frente a las deudas ya contraídas augura la posibilidad de una recesión, que se cebaría aún más con la clase trabajadora, porque muy posiblemente conllevaría un aumento del desempleo.
El gas en el centro de la espiral inflacionista
El precio del gas se ha multiplicado por siete en los últimos trimestres y se encuentra detrás de buena parte de los motivos de la espiral inflacionista, puesto que genera aumentos de precios en toda la economía, especialmente del precio de la electricidad.
Las empresas industriales que consumen mucha energía se enfrentan a cada vez mayores dificultades económicas, y el aumento de sus costes de funcionamientos aumenta a su vez el riesgo de cierre y despidos de trabajadores.
Sin embargo, no todas las empresas están pasando por las mismas dificultades. Así, las grandes corporaciones, especialmente en el sector energético y bancario, están obteniendo mayores beneficios y aumentando sus pagos a los accionistas.
Pérdida de poder adquisitivo
Frente a la escalada de la inflación se encuentra el exiguo crecimiento de los salarios que en lo que va de 2022 han aumentado tan solo el 4,5 % en el conjunto de la UE.
Así, los salarios reales, es decir, el poder adquisitivo, ha caído en la mayoría de los países. En Grecia el descenso ha sido del 6,9 %, en España del 4,5 %, en Italia del 3,1 % y en Alemania del 2,6 %.
En la mayoría de los países del bloque comunitario la factura anual media de la electricidad supone más de un mes de salario para un trabajador con el salario mínimo. En los Países Bajos supone 48 días trabajados solo para pagar la luz, en España son 38 y en Alemania 33, por poner solo tres ejemplos de los 16 países que dedican el salario mínimo de un mes o más.
Además, la subida de los tipos de interés decretada por el BCE ha hecho que el Euribor, el índice de referencia de la mayoría de las hipotecas variables, haya superado ya el 2 %, lo que ahogará todavía más muchas economías domésticas, que tendrán que soportar un incremento de sus cuotas, que, por ejemplo, en el caso de España se traducirá en 1.400 euros anuales más de promedio.
En este escenario la salida que contemplan países como España es lo que se ha dado en denominar 'pacto de rentas': un acuerdo entre trabajadores y empresarios para soportar de manera equitativa el embiste de los costes de la inflación. Es decir, moderar los salarios, pero también moderar los beneficios empresariales.
Los Gobiernos comienzan a moverse
Desde finales del año pasado, la mayoría de los países miembros de la UE han puesto en marcha diversas medidas para paliar las consecuencias de la crisis económica. Entre ellas se encuentran las transferencias directas a los hogares más vulnerables, la disminución de IVA que soportan las facturas de la electricidad y la subvención del combustible para transporte por carretera.
Sin embargo, se están pidiendo medidas más ambiciosas, como es una nueva regulación del mercado energético europeo que aboque las facturas a unos precios asequibles, así como la imposición de un nuevo gravamen a los beneficios extraordinarios de las compañías de energía y de otros sectores, con el fin de evitar la especulación en una situación de crisis como la actual.
De hecho, esas serán las dos medidas estrella que se discutirán en el próximo Consejo Europeo que se celebrará el mes que viene. La Comisión Europea ya ha lanzado las propuestas que esperan tener el respaldo de los 27. De hecho, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en el discurso sobre el estado de la UE de la semana pasada, estimó que los nuevos impuestos podrían recaudar 140.000 millones de euros.
Los sindicatos también se mueven
En toda la Unión Europea los sindicatos llevan meses de movimiento. En julio los sindicatos franceses presentaron al Gobierno demandas conjuntas, priorizando la exigencia del aumento de los salarios y las pensiones. El país también hace frente al paro de controladores aéreos.
En el Reino Unido, los trabajadores portuarios de Liverpool y Felixstowe han convocado huelgas para finales de este mes y comienzos del que viene para protestar por sus condiciones laborales, con el aumento de su retribución en el centro de sus reclamaciones. El verano del descontento, como se calificó en Reino Unido, ha hecho que el país esté afrontando la mayor oleada de huelgas en 30 años.
En Alemania, Suecia y República Checa también se han anunciado protestas cada semana. Este mes en Praga la confederación sindical ČMKOS convocó una manifestación nacional en protesta por la caída de los salarios. En Bélgica los sindicatos también amenazan con una huelga general.
En España por el momento se descarta una huelga general, pero las organizaciones de trabajadores han anunciado manifestaciones en todo el país. En verano se convocaron huelgas en algunos sectores, pero acabaron desconvocadas tras la toma de medidas por el Ejecutivo.
Ante todo los sindicatos buscan que la UE se aparte de las soluciones que se tomaron tras el estallido de la crisis de 2008, cuando las recetas comunes incluyeron la congelación de salarios, el despido de empleados públicos, la subida de tipos de interés y lo que se conoció como agenda de austeridad. Medidas que en conjunto agravaron la crisis para la ciudadanía y retrasó la vuelta al crecimiento y la creación de empleo.
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