La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lanzó fuertes críticas a los fiscales que pidieron una pena de 12 años de prisión en su contra al declarar este viernes, por última vez, en el juicio en el que está acusada de presunta corrupción y en el que se refirió al atentado que sufrió el pasado 1 de septiembre.
"Se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales, además quedaron a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio", afirmó la expresidenta en una jornada de alta expectativa política en la que participó de los alegatos de su defensa.
Fernández de Kirchner felicitó a sus abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, quienes a lo largo de esta semana expusieron ante el tribunal pruebas que contradicen las acusaciones que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola realizaron el mes pasado durante nueve audiencias.
"No se puede creer cómo han llevado este juicio adelante", afirmó la vicepresidenta al pedirle a los jueces que se incorporen todas las pruebas documentales y periciales que demuestran "las mentiras" de la Fiscalía.
Hace un mes, Luciani y Mola pidieron, además, que se inhabilite de manera perpetua a Fernández de Kirchner para ocupar cargos públicos y se decomisen sus bienes.
La vicepresidenta, quien declaró vía remota desde su despacho en el Senado, citó varios ejemplos de las pruebas que presentaron sus abogados y que contradicen las acusaciones, como una supuesta reunión de ella con el empresario Lázaro Báez que, en realidad, nunca existió.
También recordó la anomalía que representa el hecho de que el fiscal Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien forma parte del tribunal que la juzga, hayan participado en torneos de futbol en una propiedad del expresidente Mauricio Macri.
En el caso específico de Luciani, denunció que su alegato fue "una intervención artística grandilocuente" e "histriónico" que solo expuso "mentiras, calumnias y difamaciones".
El atentado
La vicepresidente subrayó la incongruencia que entrañan las imputaciones en su contra, ya que los fiscales aseguran que sus dos gobiernos y el que encabezó su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, fueron tres "asociaciones ilícitas" creadas para otorgar un puñado de contratos de obra pública a un solo empresario.
"La acusación raya en el ridículo, ¿militamos toda la vida para 51 obras viales?", cuestionó al recordar décadas de carrera política, tanto de ella como de Néstor Kirchner.
La "asociación ilícita" no tiene pies ni cabeza, insistió, ya que, de haber existido, se tendrían que anular todas las medidas de Gobierno tomadas entre 2003 y 2015, entre ellas, el propio nombramiento del fiscal Luciani, ya que fue firmado por ella misma, que es la principal acusada.
"Esto complica a un país, lo torna poco serio, al borde del ridículo", explicó.
Fernández de Kirchner también aludió al intento de magnicidio del que fue víctima el pasado 1 de septiembre. "Yo creía que este juicio era para estigmatizarme, proscribirme, difamarme, calumniarme pero, después del 1 de septiembre, entendí que desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa", acusó.
Enumeró entonces las pedradas a su despacho y los carteles anónimos que aparecieron en las calles de Buenos Aires en los que se le calificaba como "asesina". Todo ello antecedió el atentado por el que ya hay cuatro detenidos.
En ese sentido, la vicepresidenta consideró que nadie puede pensar en serio que esa banda actuó sola, ya que todavía se debe descubrir a los autores intelectuales.
Al relacionar el juicio con el intento de magnicidio, citó las conversaciones que intercambiaron dos de los acusados y en la que celebraron que los fiscales pidieran que ella vaya 12 años a prisión.
"Es generar un clima, porque no eran tres toneladas de pruebas, como dijeron los fiscales, lo que sí hay son 30 toneladas de tapas de Clarín, La Nación y alguna otra revista semanal en donde se va estigmatizando a otra persona que no por casualidad es mujer", dijo en referencia a la prensa opositora, que hace 14 años comenzó a ejercer un "periodismo de guerra" contra el kirchnerismo.
Cronología
El juicio comenzó en mayo de 2019 y es el desenlace de la llamada 'Causa Vialidad', que se bautizó así porque se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, ya bajo el Gobierno de Macri, para investigar la adjudicación de millonarias obras públicas en la provincia de Santa Cruz, que fue gobernada por el fallecido expresidente Néstor Kirchner de 1991 a 2003.
La tesis de la Fiscalía es que, a partir de 2003, cuando Kirchner asumió la presidencia, tanto él como su esposa y sucesora encabezaron una asociación ilícita que benefició con millonarios contratos de obras públicas viales al empresario santacruceño Lázaro Báez.
Además de ser amigo de la familia, durante la presidencia de ambos mandatarios Báez se convirtió al mismo tiempo en contratista del Estado y socio de negocios privados de los Kirchner.
La sospecha es que, de 2003 a 2015, la pareja presidencial le adjudicó a Báez contratos de obras públicas para que luego les devolviera parte de esos fondos (que eran del Estado) a través de alquileres ficticios en hoteles o inmuebles propiedad de los Kirchner. Es decir, que era una maniobra de corrupción.
Báez forma parte de la lista de 13 acusados de este proceso, pero ya fue condenado en otra causa por lavado de dinero.
Como parte de su defensa, Fernández de Kirchner pidió que se auditara toda la obra pública que hubo durante sus dos mandatos (2007-2015) para demostrar que no hubo adjudicaciones privilegiadas a Báez, lo que le fue denegado.
Esta semana, sus abogados defensores expusieron sus últimos alegatos en el juicio y refutaron todas las acusaciones de los fiscales. Está previsto que el fallo se dará a conocer entre diciembre y febrero.
Sin embargo, la propia Fernández de Kirchner ha advertido que el fallo en su contra ya está escrito de antemano.