Lo que se conoce sobre el derrame de petróleo en la Amazonía peruana que generó una emergencia ambiental

Ocho años después de que un derrame petrolero afectara a varias comunidades indígenas de la Amazonía peruana, un nuevo incidente de este tipo ha causado un severo impacto ambiental en la zona y ha impedido que los habitantes puedan obtener alimentos y agua para su consumo. 

Una semana después de que se detectará el bote de crudo, el Gobierno peruano declaró emergencia ambiental para "remediar el daño ecológico" en el Oleoducto Norperuano, en el departamento de Loreto, ubicado en la Amazonía del país suramericano. Sin embargo, los grupos originarios que habitan en esa área geográfica han denunciado la poca atención que ha ofrecido el Estado frente a la complejidad de su situación.

Las comunidades cercanas a la quebrada de Cuninico, afluente del río Marañón, no pueden acceder al agua porque está contaminada y tampoco obtener su sustento a través de la pesca.

Hasta el momento, la estatal petrolera Petroperú informó en varios comunicados de prensa que atendió la contingencia "a la brevedad" y que el derrame se habría producido por un corte en una tubería donde hay represado crudo. Además, señalan que los habitantes han impedido que la empresa haga las labores de limpieza.

A pesar de estos señalamientos, aún se espera el veredicto del Tribunal Constitucional sobre una demanda de amparo hecha por la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañon (Fedepcum), que pide que la petrolera haga mantenimiento en el oleoducto para evitar nuevos episodios como el que se presentó este mes, recoge Ideele Radio.

¿Qué ocurrió?

Petroperú afirma que el pasado 16 de septiembre se detectó una "fuga de petróleo a la altura del kilómetro 42+092, en el distrito de Urarinas, región Loreto". La causa del derrame sería un "corte intencional de 21 centímetros", que habría sido "generado por terceros" y que fue denunciado a las autoridades.

Según la empresa, se han presentado 11 eventos de este tipo y 46 cortes intencionales en las tuberías del oleoducto, cuyas operaciones están paralizadas desde hace ocho meses, "con los respectivos perjuicios económicos asociados para las comunidades, el ambiente y el país".

Por su parte, los habitantes originarios de la zona niegan que la incisión haya sido provocada por ellos.

Emergencia ambiental

El Gobierno peruano declaró una emergencia, que tiene una vigencia de 90 días hábiles, para "garantizar el manejo sostenible de los territorios afectados" y "realizar los trabajos de recuperación y remediación para mitigar la contaminación ambiental".

En el texto, publicado por el Ministerio del Ambiente se reconoce que el derrame de crudo "se produjo en una zona donde se realiza pesca artesanal", por lo que es un "evento súbito y de impacto significativo sobre el ecosistema fluvial amazónico" y de "alto riesgo para la salud pública".

Según el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), "se ha afectado 848.400 m² de cuerpo de agua, que comprende: 33.600 m² del canal de flotación, 600 m² de una quebrada sin nombre, 154.200 m² de la quebrada Cuninico y 660.000 m² de la margen izquierda del río Marañón".

En un tuit, el Ministerio del Ambiente informó que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento "supervisó con éxito" el reinicio del servicio de abastecimiento de agua para 915 familias de Cuninico.

¿Qué ocurre con la comunidad?

Las comunidades afectadas han realizado protestas pacíficas y bloqueos del tránsito fluvial para advertir el daño que les ha causado la situación, recoge RPP.

El presidente de la Federación de los Pueblos Kukamas Unidos del Marañón, Julio Arirua Nashnate, dijo en una entrevista a RPP que este derrame "es peor que el de 2014", porque se han quedado sin alimentos y sin agua.

"Del pescado que consumimos en esta época, ya no hay nada. No tenemos deseos de pescar porque sale medio negra la trampa. Entonces, ¿qué vamos a comer?", manifestó.

Con referencia al señalamiento de Petroperú sobre el corte intencional de la tubería, Nashnate expresó que no tenían nada que ver porque el evento ocurrió a 2 kilómetros del territorio donde habitan.

"Sí o sí tienen que atenderlo, porque ninguno de la población tiene la culpa de esto", afirmó.

¿Qué ha hecho Petroperú?

Hasta el momento, la compañía instaló 11 barreras de contención adicionales, que se sumaron a las 19 que pusieron inicialmente, para "evitar que el crudo continúe extendiéndose por la zona y genere mayores impactos".

Estos trabajos se complementan con el uso de equipos para la limpieza en cuerpos de agua, que se encargan de  succionar el crudo derramado para luego almacenarlo en contenedores especiales.

Sin embargo, la estatal petrolera asegura que no ha podido terminar lo previsto porque la comunidad de Cuninico habría impedido el ingreso del personal para realizar las "labores de contención y recuperación de hidrocarburos, limpieza y evaluación ambiental preliminares en el área circundante".

Del mismo modo, sostiene que el pasado 23 de septiembre tenían planeado tomar de muestras del río, en cuyas márgenes hay nueve comunidades, y no pudieron hacerlo. Además, la obstrucción del tránsito fluvial habría impedido "el desplazamiento de una brigada médica para desarrollar campañas y entrega de medicinas".

Hasta ahora, informó la empresa, se hizo una entrega de víveres y cajas de agua a las 272 familias de Cuninico y se espera llegar a 11 las comunidades identificadas, "a las que se dotará con esta ayuda solidaria que se necesita realizar semanalmente".

Otras reacciones

Por su parte, la Defensoría del Pueblo escribió una serie de trinos para pedir a las autoridades de los municipios de Uraninas y Parinari, al Gobernador de Loreto y al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que "brinden ayuda humanitaria" a las personas afectadas de la ribera del río Marañón.

En uno de los tuits se recuerda que el Estado debe "asegurar atención médica, la dotación de agua, alimentos, seguridad y orden público", en coordinación con organizaciones y las comunidades afectadas.

El organismo también ha participado en las actividades para restablecer el diálogo y aboga para que se levante la "medida de fuerza" de las comunidades, que "restringen el tránsito de embarcaciones en río Marañón".

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