Expertos independientes denuncian que la Fiscalía de México obstaculiza la investigación del caso Ayotzinapa

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa denunció que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, rompió los acuerdos para investigar la desaparición de 43 estudiantes al cometer una serie de irregularidades que ponen en riesgo la búsqueda de justicia.

"Los lineamientos de la Unidad (Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa) fueron rotos por el propio fiscal General de la República, hubo obstáculos inciales", afirmó Francisco Cox, uno de los miembros del GIEI, grupo que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El pronunciamiento del GIEI, que se dio a conocer este jueves en una conferencia de prensa y en medio de una fuerte expectativa debido a su credibilidad, profundiza la crisis política que los avances del caso Ayotzinapa ha provocado en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se suma, además, a la presión que existe para destituir a Gertz Manero ante las sospechas de que pretende cubrir al Ejército y dejar fuera de la investigación y de las causas penales a los militares cuya participación en las desapariciones forzadas se ha comprobado, gracias a la apertura de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional que ordenó López Obrador, lo que fue reconocido de manera insistente por los expertos.

De hecho, Cox destacó que uno de "los hechos más graves de intromisión", fue la decisión de la FGR de suspender decenas de órdenes de aprehensión en contra de personas implicadas en la desaparición de los estudiantes, entre ellos militares de diversos rangos. La medida no fue consultada ni informada a la Unidad Especial de Investigación de Ayotzinapa.

También explicó que la FGR se negó a peritar grabaciones telefónicas que demostraban la participación de funcionarios conocidos en sesiones de tortura, por lo que esos análisis tuvieron que realizarse en el extranjero.

Anomalías

Cox explicó que el momento de mayor ruptura de los compromisos de la FGR se dio a partir de agosto, justo el mes en el que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó un informe sobre los avances de la investigación que demostró la participación del Ejército en la desaparición. 

En esos días, reveló, la FGR designó como Ministerio Público del caso a una licenciada que no sabía nada de Ayotzinapa, que no incluyó evidencias que se tenían y que fortalecían la acusación en contra del exprocurador general Jesús Murillo Karam, quien ahora ya logró que se suspenda su procesamiento penal. 

Además, la FGR dejó sin policías a la Unidad Especial Ayotzinapa y comenzó una inusual auditoría.

"El GIEI analiza la auditoria y espera que no se trate de instrumentos de intimidación o persecución de la Unidad y del equipo de trabajo para la recolección de evidencia", dijo.

Cox subrayó que el GIEI no tuvo conocimiento de todas estas intromisiones de la FGR, ni mucho menos consintió en ellas, de ahí la preocupación que ahora tienen sobre el futuro del caso.

"El GIEI desea hacer un reconocimiento a los funcionarios de la Unidad que han llevado a cabo una investigación profesional, con honestidad y ética", dijo al respaldar a Omar Gómez Trejo, el titular de esta fiscalía especial que renunció el pasado lunes debido a su enfrentamiento con Gertz Manero.

Sin justicia

La investigación ha quedado envuelta en una serie de polémicas y un ambiente enrarecido durante las últimas semanas, debido a la suspensión de órdenes de captura que involucraban a militares, la renuncia del fiscal que estaba a cargo del caso y el reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que hay diferencias en el gabinete alrededor del caso y está recibiendo presiones de todo tipo.

El 18 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa que, entre otros aspectos, reveló que uno de los 43 estudiantes desaparecidos era un espía infiltrado por el Ejército.

Al día siguiente fue detenido el exprocurador Jesús Murillo Karam, lo que desató una conmoción política, debido al alto cargo que ocupó durante la presidencia de Enrique Peña Nieto y a que fue uno de los funcionarios que manipuló la investigación. Luego logró un amparo que suspendió su procesamiento, pero aun sigue preso.

También se emitieron decenas de órdenes de arresto. Unas, basadas en el Informe Ayotzinapa. Otras, por parte de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa que encabezaba Omar Gómez Trejo.

Sin embargo, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, canceló varias de esas solicitudes de captura, en particular las que afectaban a miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en la desaparición de los jóvenes.

Filtraciones y liberación de acusados: escándalo en el caso Ayotzinapa cuando se cumplen 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes

Ello provocó la renuncia de Gómez Trejo y la inconformidad del subsecretario de Derechos Humanos, lo que evidenció la confrontación de ambos con Gertz Manero, a quien, a su vez, López Obrador le ratificó su apoyo. 

De manera paralela, un juez ordenó la liberación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de cientos de acusados, en tanto que López Obrador volvió a pedir al Gobierno de Israel la extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal acusado de torturas.

El pasado fin de semana, en vísperas del octavo aniversario de la desaparición, la periodista Peniley Ramírez obtuvo y publicó el Informe Ayotzinapa totalmente desbloqueado, es decir, sin las franjas negras que cubrían varias de sus páginas para evitar la difusión de detalles morbosos sobre el asesinato de los jóvenes, así como los nombres y chats telefónicos de presuntos culpables.

La publicación desató una oleada de críticas por la falta de sensibilidad hacia las víctimas y sus familiares y porque su difusión puede entorpecer la causa judicial y ayudar a los acusados.