Guinea Ecuatorial ha iniciado un proceso contra Francia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusando a París de violar sus obligaciones con el convenio de Naciones Unidas sobre la lucha contra la corrupción, por lo que solicita que se tomen medidas provisionales, comunicó este viernes el organismo judicial con sede en Países Bajos.
La nación africana argumenta que Francia se ha negado a devolverle sus bienes legítimos que le fueron confiscados en el marco de un "delito de apropiación indebida de fondos públicos" cometido por las autoridades galas.
El año pasado, la Corte de Casación francesa ratificó la confiscación de un lujoso edificio propiedad del Gobierno ecuatoguineano ubicado en el centro de París, así como otros bienes inmuebles. La decisión del tribunal formaba parte de la condena dictada contra el vicepresidente del país africano, Teodoro Nguema Obiang Mangue, por el delito de malversación de fondos públicos y lavado de dinero.
París hace "caso omiso"
Guinea Ecuatorial afirma que esos activos pertenecen al Estado y no al vicepresidente, por lo que ha intentado recuperarlos, pero París ha hecho "caso omiso" a sus solicitudes. Por el contrario, la parte francesa ha anunciado "la inminente oferta de venta" del inmueble.
"Francia ha violado, y continúa violando" la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada en 2003, al no devolver a Malabo los bienes solicitados y no prestarle la cooperación y la asistencia necesaria en este caso, señala el documento de la CIJ.
La solicitud de Guinea Ecuatorial tiene como objetivo "proteger sus derechos", ya que existe "un riesgo inminente de que se cause un perjuicio irreparable" contra este fundamento en caso de que se concrete la venta de la propiedad, haciendo "imposible" su recuperación. Malabo insta a París que le devuelva sus bienes y pide a la Corte Internacional de Justicia dictar medidas provisionales para que se suspenda dicha venta.