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El Gobierno de España acuerda los presupuestos para 2023: mayor gasto social y aumento de un 25 % en Defensa

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Sin embargo, no se han conseguido avances en vivienda ni para suprimir la conocida como 'ley mordaza'.
El Gobierno de España acuerda los presupuestos para 2023: mayor gasto social y aumento de un 25 % en Defensa

Después de una negociación hasta la última hora, los dos partidos que forman Gobierno en España, el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP), han sellado un acuerdo sobre los próximos Presupuestos Generales que han sido presentados este martes tras el Consejo de Ministros.

Aunque todavía tienen que pasar el trámite parlamentario, se considera asegurado que obtendrán la mayoría necesaria para su aprobación al contar con el respaldo de los socios habituales del Gobierno, entre los que se encuentran Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Las dos formaciones del Gobierno sacan pecho de algunos de los acuerdos que incluyen medidas sociales, como la subida de las pensiones y de la prestación por desempleo o de la partida destinada a dependencia, aunque se han quedado por el camino algunas de las aspiraciones del socio minoritario, UP.

Destaca el aumento del gasto en Defensa. El Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez se comprometió con la OTAN a elevar el presupuesto de esta partida hasta el 2 % del PIB para 2029, algo con los que está en desacuerdo UP. Sin embargo, las cuentas recogen un incremento del 8 % de esta partida, además de otros 4.900 millones de euros destinados a la modernización del Ejército. En total, la inversión en Defensa aumenta un 25 %.

Este acuerdo llega tan solo una semana después de que ambas formaciones pactaran una reforma fiscal que grabará menos a quienes ingresen hasta 21.000 euros al año, mientras que establece un impuesto temporal para las fortunas de más de 3 millones de euros.

Nuevas medidas de gasto social

El Gobierno ha acordado extender la ayuda de 100 euros por hijo a cargo de entre 0 y 3 años a todas las familias, una medida que hasta ahora se limitaba tan solo a las madres que estaban trabajando.

También se ha pactado un aumento de la prestación por desempleo. Hasta ahora un trabajador desempleado cobra el 70 % de su base reguladora los primeros seis meses y a partir de entonces pasa a cobrar el 50 %. Con la modificación esta última cifra ascenderá hasta el 60 %, revirtiendo así el recorte realizado por el anterior gobierno conservador de Mariano Rajoy. La medida alcanzará a 300.000 personas.

Por otro lado, se ha acordado tramitar una ley de familias de forma urgente y aprobarla en el Consejo de Ministros antes de que finalice este mes. Además de una renta de crianza de 100 euros para todas las madres, incluirá un permiso retribuido de 7 días al año para los trabajadores para el cuidado de familiares; un permiso no retribuido de hasta 8 semanas para progenitores hasta que su hijo cumpla 8 años; y la consideración de las familias monoparentales con dos hijos como familias numerosas, clasificación que actualmente solo tienen las familias con tres o más hijos.

Fuera de esta ley queda una de las iniciativas de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que pretendía aumentar los permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses desde las 16 semanas actuales.

En cuanto a la dependencia, el conocido como cuarto pilar del Estado de bienestar, junto con la educación, la sanidad y las pensiones, la coalición destinará 600 millones de euros extra para un plan de choque destinado a reducir las listas de espera, mejorar los servicios y mejorar las condiciones laborales de los cuidadores, según ha manifestado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Aunque todavía se está a la espera de conocer el desglose concreto, se estima que se recogerá una revalorización de las pensiones del entorno del 9 %, en consonancia con la inflación, mientras que los salarios de los funcionarios subirán un 9,5 % entre este 2022 y 2024, gracias al acuerdo pactado con los sindicatos CC.OO. y UGT, si bien no ha contado con el apoyo de CSIF, el de mayor implantación entre el funcionariado.

¿Qué se queda fuera?

Se queda fuera de estos presupuestos la futura ley de vivienda, que pese a partir de un acuerdo entre las dos formaciones que integran el Gobierno, lleva meses estancada al no reflejar algunas de las aspiraciones de Unidas Podemos.

Tampoco se contemplan avances sobre lo que se conoce como 'ley mordaza', un endurecimiento de la ley de seguridad ciudadana que implementó el Gobierno anterior poco después de llegar al poder y que ha sido muy criticado porque se denuncia que limita los derechos fundamentales y el derecho a protestar. Pedro Sánchez se comprometió a derogar al menos los aspectos más lesivos, pero esa reforma todavía no ha tenido lugar.

Para el Partido Socialista cerrar estos presupuestos en el tiempo esperado, y que entren en vigor el próximo 1 de enero, es un síntoma de estabilidad. Serán los últimos Presupuestos Generales de la legislatura, toda vez que se prevé que en noviembre del año que viene se celebren elecciones generales y no habrá lugar para una nueva negociación en plena campaña electoral.

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