Por qué el asesinato de un maestro en Honduras en 1983 fue condenado ahora por la CIDH

Cuando el maestro Herminio Deras García llegó junto a su mujer Otilia Flores Ortiz y sus dos hijos a su casa el 26 de noviembre de 1981 y se encontró con miembros del Tercer Batallón de Infantería y agentes de la Dirección Nacional de Investigación (DNI) de Honduras, probablemente no se sorprendió. 

Su familia –17 personas entre padres, hermanos, tíos, primos, cuñados o sobrinos– llevaba años sufriendo persecuciones, detenciones y amenazas en el marco de un contexto de graves violaciones de derechos humanos que se vivió en la década de los 80 en Honduras bajo la "doctrina de seguridad nacional".

Aquel día de noviembre, Herminio, dirigente político del Partido Comunista de Honduras y asesor de varios sindicatos, fue encañonado y amenazado de muerte. Sin embargo, logró escapar al saltar el muro de la vivienda. 

No tuvo la misma "suerte" dos años después, en la madrugada del 29 de enero de 1983, cuando circulaba con su vehículo por la ciudad de San Pedro Sula y fue requisado por un oficial de tránsito, que había recibido instrucciones de realizar registros para "detener y poner bajo disposición de la Fuerza de Seguridad a un terrorista".

Mientras se inspeccionaba el vehículo, dos miembros del Batallón 3-16 ingresaron en el automóvil. Según testigos presenciales, los agentes dijeron a Herminio: "Vos sos el maleante que andamos buscando". 

El maestro forcejeó con ellos cuando intentaron introducirle en otro vehículo, y al no lograrlo, le dispararon causándole la muerte. Tenía 42 años.

Estos hechos están recogidos en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que esta semana, 39 años después del crimen, condenó al Estado de Honduras por "la ejecución extrajudicial" de Herminio debido a sus actividades políticas y sindicales.

Tras su asesinato, su familia siguió sufriendo una constante persecución y dos de sus miembros tuvieron que exiliarse en el extranjero. 

En junio de 1987, Domingo Deras Henríquez, de 72 años y padre de Herminio, se suicidó tras una profunda depresión consecuencia del asesinato de su hijo.

Durante años, a los miembros de la familia Deras García les fue difícil encontrar trabajo "debido a la estigmatización de sus apellidos".

Eustaquia García Alvarado, madre de Herminio, también "entró en una profunda depresión que le activó un foco epiléptico". "Además de los constantes ataques de epilepsia que sufría y del deterioro de su salud, la economía familiar 'se deprimió' y el negocio de su esposo quebró", subraya el texto.

Una familia golpeada

"Las persecuciones a él y su familia y, finalmente, la privación de su vida, constituyeron una acción deliberada a silenciar su voz opositora y detener su militancia política y sindica", dictaminó la Corte IDH. 

Además, consideró que varios miembros de la familia –entre ellos niños y adolescentes en el momento de los hechos–  fueron blanco de "persecuciones, detenciones ilegales, malos tratos y torturas, allanamientos a sus viviendas, destrucción de sus bienes, los cuales incluso causaron la desintegración de la familia".

La Corte señaló que hubo una "demora excesiva" en la tramitación del proceso penal iniciado a raíz del crimen de Herminio y la atribuyó a las autoridades estatales.

Como parte de las medidas de reparación, el tribunal pidió sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de Herminio, construir un mausoleo en su tumba, ejecutar una política nacional de memoria histórica y pagar los daños materiales e inmateriales, entre otras cosas.

También recordó que los hechos ocurrieron en un contexto en el que "existía un patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares".

El Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh) calcula que 184 desparecieron en Honduras desde 1979 y 1989, aunque se piensa que con muchas más.

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